El Reino Unido invirtió más de 850 millones de euros en un plan para deportar solicitantes de asilo a Ruanda que nunca llegó a funcionar. Cuatro años después del anuncio, el proyecto se ha convertido en un precedente judicial y económicamente controvertido que no ha impedido que varios gobiernos europeos recuperen una fórmula parecida. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos han anunciado ahora negociaciones con el gobierno ruandés para crear un centro de retorno de migrantes en el país africano.
La iniciativa británica nació en abril de 2022, cuando el gobierno conservador de Boris Johnson acordó con Ruanda trasladar allí a personas que llegaran irregularmente al Reino Unido y pidieran asilo, recuerda elDiario.es. La propuesta preveía que las peticiones de protección internacional se tramitaran en el país africano, que también debía acoger a las personas a quienes se concediera el asilo. El objetivo declarado de Londres era disuadir las travesías irregulares por el canal de la Mancha y combatir las redes de tráfico de personas.
Un proyecto encallado en los tribunales
El primer vuelo de deportación, previsto para junio de 2022, quedó suspendido después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictara medidas cautelares para impedir el traslado de una de las personas afectadas. El proyecto topó definitivamente con la justicia en noviembre de 2023, cuando el Tribunal Supremo británico dictaminó por unanimidad que Ruanda no podía ser considerada un país seguro para tramitar estas peticiones. Los magistrados advirtieron del riesgo de que las personas trasladadas acabaran siendo devueltas a sus países de origen, donde podrían sufrir persecución o maltratos.
El gobierno de Rishi Sunak intentó salvar el proyecto con un nuevo tratado con Ruanda y una ley que establecía legalmente que el país africano era seguro. Sin embargo, la medida no llegó a materializarse. Cuando los laboristas de Keir Starmer llegaron al poder en julio de 2024, cancelaron definitivamente el programa.
¿Qué quiere Europa?
El balance económico también fue controvertido. Según los datos publicados por el propio Ministerio del Interior británico, hasta junio de 2024 se habían gastado 715 millones de libras —más de 850 millones de euros— en el plan y en las medidas legislativas asociadas. De esta cantidad, 290 millones de libras se habían transferido directamente a Ruanda. Durante los más de dos años de vigencia del proyecto, solo cuatro personas fueron voluntariamente y no se trasladó a ningún solicitante de asilo de manera forzosa.
A pesar de este precedente, cinco estados europeos han decidido explorar una fórmula parecida. La propuesta actual, sin embargo, presenta diferencias: no pretende tramitar las peticiones de asilo en Ruanda, sino enviar allí a personas adultas que ya no tienen derecho a residir en la Unión Europea y que no pueden ser retornadas a sus países de origen. El centro piloto podría acoger inicialmente a un centenar de personas y los primeros traslados se prevén para 2027.
La iniciativa vuelve a situar a Ruanda en el centro del debate europeo sobre la política migratoria y reabre las preguntas sobre la eficacia de externalizar las deportaciones, el coste económico de estos proyectos y las garantías de protección de los derechos humanos.