Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí han anunciado, este miércoles, que aunque el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) no ha aceptado sus demandas por la vulneración de sus derechos y que se han quedado sin la inmunidad, continuarán su actividad política en el Parlamento Europeo. ¿Con esta resolución, existe el peligro de que sean detenidos en Bruselas o en un país europeo?
Desplazamiento en peligro
El presidente Carles Puigdemont ha asegurado que el próximo 10 de julio viajará de Bruselas a Estrasburgo para asistir a la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo. Los diputados europeos tienen tres tipos de inmunidad: nacional, internacional y de desplazamiento para asistir a los plenarios de la cámara. En este litigio, abierto el 2017, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha asegurado que los políticos catalanes no tienen inmunidad porque fueron procesados antes de ser eurodiputados. Con todo, ha respetado que los diputados de Junts tienen libertad de movimiento para asistir al Parlamento Europeo, pero que si pisan territorio español, serán detenidos para ser juzgados como autores del procés de independencia de Catalunya. Ahora, sin embargo, el TGUE, en la sentencia hecha pública este miércoles, precisa que la inmunidad es determinada por el Parlamento y que lo que se protege es el funcionamiento de la cámara y de la Unión, no a título particular. Es por eso, que la defensa de los políticos catalanes quiere analizar mejor si ya no tienen asegurada la libertad de desplazamiento para ir a la cámara, y si es así, se les recomendaría no ir al próximo plenario a la ciudad francesa.
Orden de detención
Primero de todo, el juez instructor de Tribunal Supremo tiene que emitir nuevas euroórdenes de detención de Puigdemont y Comín, procesados el enero pasado por el delito de malversación agravada. Se espera que sea inminente, una vez tenga la opinión de la Fiscalía del Supremo. En el caso de la exconsellera Clara Ponsatí no se le puede pedir una detención europea porque el delito por el cual ha sido procesada es de desobediencia, que no implica prisión, y, por lo tanto, no puede ser extraditada. La orden de detención de Ponsatí en España sí que está activada.
Se da la circunstancia que el TJUE dio la razón, parcialmente, al juez Llarena en la sentencia de las prejudiciales, en la cual sostiene que un estado miembro no se puede negar a una entrega de una persona si no se comprueba un problema sistémico del país que lo pide o hay una vulneración de derechos a un Grupo Objetivamente Identificable de Personas (GOIP). Esta resolución era para aclarar la entrega del exconseller Lluís Puig por el delito de malversación, que Bélgica rechazó. Llarena podía reclamar a Puig desde enero pasado y aún no lo ha hecho.
Dos veces detenido en Europa
El abogado del exilio, Gonzalo Boye, ha recordado hoy que nunca se ha ganado al TGUE, y que han vivido momentos difíciles, como la detención del president Puigdemont en Alemania, en marzo de 2018, que después de 12 días en la prisión quedó en libertad porque las autoridades alemanas solo aprobaron su entrega por el delito de malversación, y el juez Llarena no lo quiso porque también lo reclamaba por el delito de sedición. Puigdemont también fue detenido en el Alguer, en septiembre de 2021, y fue puesto en libertad cuando los tribunales europeos dictaron que estaban protegidos, precisamente para aclarar las dos demandas, resueltas este miércoles, en primera instancia.
¿Nuevo suplicatorio en el Parlamento Europeo?
La defensa del exilio sostiene que el juez Llarena tiene que hacer un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo para pedir que se levante la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí, ya que el Supremo ha cambiado los delitos de su procesamiento por la derogación del delito de sedición.
No obstante, en la sentencia el TGUE no dice nada de este paso intermedio. Es más, afirma que el Parlamento Europeo ha actuado correctamente al levantar su inmunidad porque su investigación judicial se inició en el 2017, antes de obtener el acta de diputados, en enero del 2020. También asegura que la resolución judicial en el Estado español está paralizada porque los políticos catalanes se marcharon al exilio, y que su primera orden de detención se hizo en octubre de 2019, cuando se dictó la sentencia contra los líderes políticos y sociales independentistas. El TGUE no considera que los políticos catalanes sean perseguidos por su actuación en el Parlamento, que es —a su parecer— lo que se tiene que proteger y blindar.
Recurso y medidas cautelares
La sentencia del TGUE no es firme y la defensa jurídica de los políticos catalanes presentará un recurso de casación contra la sentencia del TGUE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para intentar cambiarla. No obstante, el juez Llarena podría pedir su detención, y por eso, Boye pedirá la medida cautelar a los tribunales europeos —al vicepresidente del TGUE y si la deniega al del TJUE— para que vuelva a proteger a los políticos hasta que dicte una resolución firme.
Así pues, los próximos días, serán de vértigo.