PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para eliminar del Código Penal los delitos de injurias y calumnias a la Corona y otras instituciones del Estado español, aunque se mantiene vigente el delito de enaltecimiento de terrorismo. Se trata de una iniciativa impulsada por Sumar que el Congreso admitió a trámite en diciembre de 2023, pero que hasta ahora ha estado encallada en la comisión de Justicia. Lo han anunciado este lunes el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo, junto con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha destacado que la reforma "blinda la libertad de expresión". En la anterior legislatura, Unidas Podemos ya presentó una reforma para acabar con los delitos de libertad de expresión, que fue tomada en consideración, pero no pudo acabar el proceso legislativo.
Una vez descongelada la proposición de ley, ahora los dos partidos que componen el Gobierno de coalición, y que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, han decidido que este martes acabe el plazo para presentar enmiendas al texto. Si algún grupo presenta enmienda de totalidad, deberá ofrecer un texto alternativo y su debate se calcula para la semana que viene; si se rechazan, se presentarán las enmiendas parciales. El paso siguiente será convocar la ponencia, discutir las enmiendas y después reunir la Comisión de Justicia, donde PSOE y Sumar han acordado presentar conjuntamente cambios para despenalizar los llamados delitos de opinión.
Urtasun confía en el voto de Junts
Como se trata de una reforma del Código Penal, que es una ley orgánica, se requerirá la mayoría absoluta del Pleno para su aprobación, es decir, que el gobierno de coalición necesitará los votos de otros partidos del hemiciclo. Los firmantes, sin embargo, se han mostrado convencidos de que la norma tendrá un acuerdo de todo el bloque de investidura, incluyendo a Junts, a pesar de que el partido independentista anunciara su ruptura con el Ejecutivo en octubre del año pasado y esta norma no figurara en las iniciativas que se comprometió a apoyar.
Precisamente, preguntado por si la reforma tendrá los votos necesarios de los juntaires, Urtasun ha respondido que hay una "clara mayoría" a favor de derechos y libertades. "No tengo ninguna duda de que todas las fuerzas democráticas le darán apoyo y será una realidad", ha concluido. El titular de Cultura ha destacado que se reforma el Código Penal para modificar lo que era una "anomalía del sistema jurídico". En este sentido, el ministro ha reivindicado que el acuerdo da cumplimiento al acuerdo de coalición y "blinda la libertad de expresión" en el Estado español y ha defendido que la reforma "no desprotege a nadie" sino que "refuerza" la libertad de expresión.
Cumplir con el Convenio Europeo de Derechos Humanos
Desde el PSOE, Artemi Rallo ha recordado que de esta manera se quiere cumplir con la carta de derechos fundamentales, la resolución del comité de derechos humanos de Naciones Unidas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a España tres veces por esta cuestión. Según el organismo europeo, la libertad de expresión proclamada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara manifestaciones, supuestos y hechos como la quema de fotografías del rey, la crítica a instituciones como la Corona o las ofensas a la bandera. Rallo ha insistido en que todas estas propuestas de supresión de delitos "de ninguna manera debilitarán la defensa de nuestras instituciones", porque sigue existiendo una respuesta y una protección penal referida a los delitos contra el honor que abarcan a toda la ciudadanía.
Santiago, por su parte, ha destacado que este país "ha soportado condenas penales que ponen en duda el pleno ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión". "Se ha condenado a cantantes o dibujantes de cómic por letras de canciones o viñetas que se consideraban injuriosas respecto al jefe del Estado, que han sido sometidos a la pena del banquillo, al escarnio público mediante largos procesos", ha recordado. Uno de los casos que tuvo más repercusión fue el del cantante mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, que fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la Corona y se exilió más de cinco años en Bruselas.