Empiezan los movimientos de la justicia europea contra algunos de los implicados en el caso Begoña Gómez. La Fiscalía Europea ha imputado al empresario Juan Carlos Barrabés y a un directivo de Red.es después de detectar irregularidades en contratos avalados por la mujer de Pedro Sánchez. Según revela El Confidencial, la Fiscalía ha detectado indicios de manipulación de los concursos en los cuales se dio un peso excesivo a las valoraciones subjetivas, que se consiguieron a través de cartas enviadas a Begoña Gómez. El digital relata que la Fiscalía de la UE considera que las acusaciones de apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación en la función pública que permitieron abrir la investigación del caso, están sustentados. En el último año, la Fiscalía ha analizado la adjudicación de contratos para el desarrollo de actividades de formación, financiados por el Fondo Social Europeo.

Tráfico de influencias

El pasado 30 de mayo se levantó el secreto de caso y se dictó el orden de citar como imputados a Barrabés y el directivo de Red.es. La investigación de la Fiscalía Europea va en paralelo a la del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado por la cátedra que codirigía a la Universidad Complutense, que se centra en la presunta utilización de fondo de Bruselas para financiar los contratos. La fiscalía europea reclamó al juez Juan Carlos Peinado la competencia sobre esta parte de la investigación. La mujer de Sánchez firmó al menos dos cartas para mostrar su apoyo UTE integrada por la consultora Barrabés en dos procesos de adjudicación iniciados por Red.es en el 2020. Finalmente, la compañía consiguió los tres lotes en los cuales se presentó por un importe total de 10,2 millones de euros, después de superar al resto de rivales en la parte de valoración subjetiva del concurso.

Hace solo unos días, Hacienda detectó que Red.es infló los criterios subjetivos en los contratos que le adjudicaron a Barrabés. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) señalaba que la valoración que hizo cada empresa que aspiraba a la adjudicación otorgaba un 60% al precio ofrecido y un 40% a "criterios dependientes de un juicio de valor". Sin embargo, una vez se revisó la fórmula que se aplicó para fijar los porcentajes, se concluyó que los criterios subjetivos acabaron teniendo más peso que el precio. El informe señala que esta valoración subjetiva habría exigido que la valoración final se elaborara por un "comité de expertos" o "un organismo técnico especializado", pero Red.es no cumplió con este requisito. Las conclusiones de la Fiscalía Europea se suman a las ya marcadas por la Audiencia Provincial de Madrid, que aseguraba que existen indicios de peso que Begoña Gómez incurrió en "una desviación de poder" y aprovechó su posición como mujer del presidente español para obtener "contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada".