La Fiscalía Anticorrupción, en la lectura de sus conclusiones en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha mantenido su acusación para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de prevaricación y malversación y para el cual pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación; y para el también expresidente Manuel Chaves, para quien solicita diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.

Tras casi dos horas y media de lectura del escrito de conclusiones, la Fiscalía ha mantenido sus acusaciones y sus peticiones de condena para el resto de los ex altos cargos acusados por el procedimiento específico de concesión y pago de las ayudas sociolaborales a trabajadores y de ayudas a empresa en crisis entre los años 2001 y 2010.

Todos los acusados, según las conclusiones definitivas del ministerio público, "no sólo no hicieron nada para iniciar el procedimiento de reintegro" de las ayudas a partir de los reiterados informes de la Intervención alertando de irregularidades "sino que posibilitaron que año a año se siguiera reproduciendo" el mecanismo de concesión y pago de las ayudas mediante el uso "inadecuado" de transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a IDEA para pagar las ayudas a través de ésta.

Peticiones de inhabilitación

Así, el ministerio público mantiene su solicitud de 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Para Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, el exinterventor general Manuel Gómez, reclama seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, así como para la exsecretaria de Empleo Lourdes Medina y el exdirector de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete para los que inicialmente solicitaba 8 años.

Por los mismos delitos pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano y los exsecretarios de Empleo Javier Aguayo y Juan Francisco Sánchez.

Todos ellos, según las conclusiones definitivas del Ministerio Público, "no sólo no hicieron nada para iniciar el procedimiento de reintegro" de las ayudas a partir de los reiterados informes de la Intervención alertando de irregularidades "sino que posibilitaron que año a año se siguiera reproduciendo" el mecanismo de concesión y pago de las ayudas mediante el uso "inadecuado" de transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a IDEA para pagar las ayudas a través de ésta.