El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este miércoles ante la Audiencia Nacional que solicitó ayuda al Gobierno días antes de la entrada masiva en la ciudad autónoma de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. Según ha explicado a los periodistas después de declarar como testigo ante la jueza María Tardón, intentó contactar con Pedro Sánchez hasta diez veces durante los días previos, pero solo obtuvo respuesta en tres ocasiones.
Vivas ha afirmado que el ejecutivo de PSOE y Sumar no adoptó las "medidas preventivas" que, según su criterio, eran necesarias para contener la "invasión" de la ciudad autónoma. En el último contacto, el 28 de julio, el director de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, le habría comunicado que a partir de ese momento la comunicación se tenía que canalizar a través de la delegación del Gobierno y no de la Presidencia, en la Moncloa.
Según el relato del presidente ceutí, durante los dos primeros contactos Rubio le trasladó que estaba trabajando en el asunto, que hablaba con los ministerios competentes y que necesitaba más tiempo. En la tercera respuesta, Vivas ha explicado que recibió la indicación de dirigirse a la delegación de la ciudad autónoma.
El presidente de Ceuta no ha querido concretar qué ha explicado a la magistrada durante su declaración, aunque ha asegurado que ha respondido a todas las preguntas. También ha pedido confianza en la labor de la justicia. Vivas ha señalado que la ciudad autónoma disponía de menos información que el Gobierno en los días previos a la entrada masiva, porque no tenía contacto con los servicios de inteligencia.
Primera declaración después de la apertura de diligencias
La comparecencia se ha producido dos días después de la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del ejecutivo de Sánchez en la ciudad autónoma. En una rueda de prensa, Triano afirmó que había avisado al Gobierno "semanas antes" de la movilización que se estaba produciendo al otro lado de la frontera. La de Vivas es la primera declaración después de que Tardón abriera diligencias previas a principios del pasado mes de agosto. La comparecencia llega, además, dos meses después del día de los hechos.
Al asumir la causa, Tardón apuntó a "permisividad" y a "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos", que, según la magistrada, "se evidencia a través del comportamiento constatado y gráficamente contrastado de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos". La jueza admitió la personación de Ceuta como acusación particular en el procedimiento, al considerar que la ciudad autónoma fue "víctima directa e inmediata" de los "graves hechos" ocurridos en la frontera del Tarajal. Según el texto original, estos hechos provocaron la muerte de al menos 83 personas cuando intentaban llegar a territorio español.