La justicia española ha inaugurado este jueves el nuevo curso en una sesión de alto voltaje, de tensión creciente entre instituciones; con el poder judicial enfrentado con el Gobierno y la crisis de Ceuta complicándolo todo aún más. En solo un curso, el Tribunal Supremo fulminó al ya ex fiscal general del Estado, la Audiencia Nacional ha empezado a investigar a José Luis Rodríguez Zapatero, y la jueza de esta institución que instruye el caso de la ciudad autónoma es cuestionada por el ministro Óscar Puente, portavoz en la sombra del ejecutivo de Pedro Sánchez. Todo ello mientras el asedio por los casos de corrupción socialistas se estrecha, con José Luis Ábalos y el hermano del presidente del Gobierno ya condenados; y también con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea empujando al Supremo a aplicar la ley de amnistía de una vez por todas, un tribunal que justo acaba de asestar un revés al Gobierno paralizando el derecho a voto de los nacionalizados con la ley de nietos.
En un acto presidido por el rey Felipe VI, la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha cargado con dureza contra las críticas que han recibido durante esta legislatura algunos jueces españoles. La presidenta del tribunal que hasta ahora se ha negado a aplicar la ley de amnistía se ha revuelto contra las acusaciones de "propósitos políticos o ideológicos" en algunas resoluciones por parte de magistrados. Es decir, de lawfare. "Esta es una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva", ha espetado. Ha afirmado que acusaciones de este tipo sitúan "el Estado de derecho en tela de juicio", y ha afirmado que "si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor". "No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción", ha añadido.
Antes de Perelló ha sido el turno de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. El de este jueves ha sido su primer discurso pronunciado en este acto desde que ocupa el cargo, en sustitución de su antecesor, Álvaro García Ortiz, que renunció a él después de ser condenado a dos años de inhabilitación especial por el Tribunal Supremo al considerarlo responsable de la filtración de un correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En aquel mail, Alberto González Amador admitía haber cometido un delito de evasión fiscal y proponía a la Fiscalía llegar a un pacto.
Peramato también ha salido en defensa de los fiscales. La fiscal general ha señalado que "transparencia y crítica legítima no se pueden confundir con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad". "A veces se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos en que intervenimos; se cuestionan duramente decisiones procesales concretas sin atender los fundamentos legales que las sustentan; se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias allí donde únicamente hay una valoración jurídica; se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos u otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una única institución que actúa de manera imparcial", ha aseverado.
Ceuta
Tanto Perelló como Peramato se han referido a la crisis de Ceuta en sus discursos. La presidenta del Supremo ha afirmado que "la realidad que sufre el pueblo de la ciudad autónoma exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos", y que a la vez "asegure la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento".
Por su parte, la fiscal general del Estado ha enviado un "mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta", por su "serenidad, responsabilidad y proximidad a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado" al Estado español. Dicho esto, ha reivindicado la "necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, cosa que no está en absoluto reñida con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas". Asimismo, ha reivindicado la necesidad de "proteger los derechos fundamentales de todas las personas afectadas y, muy particularmente, de los niños, niñas y adolescentes, especialmente vulnerables en contextos como el actual". También ha destacado que en las últimas semanas "decidió el destacamento temporal de tres fiscales de la Península a la Ciudad Autónoma, una medida que se hará efectiva en fechas próximas".