El Parlament de Catalunya vivirá este miércoles una doble jornada de tensión política y económica con dos votaciones clave: por la mañana, el decreto ley de suplemento de crédito impulsado por el Govern que ya cuenta con el aval de ERC y los Comuns, y por la tarde, la admisión a trámite de la proposición de ley de Junts per Catalunya para rebajar el IRPF y eliminar, en la práctica, el impuesto de sucesiones. A pesar de la ambición de la iniciativa fiscal de los de Junts, el texto está condenado a decaer ante las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por el PSC, ERC, Comuns y CUP, que suman mayoría en la cámara.
El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha defendido este martes la propuesta como una medida de “justicia fiscal” desvinculada de ejes ideológicos clásicos. “No es de derechas ni de izquierdas que se deflacte. Se tiene que ajustar a la inflación y al coste de la vida. No puede engordar los bolsillos de la administración y empobrecer a los ciudadanos”, ha afirmado. Vergés ha denunciado que el IRPF “ha sufrido un incremento del 37% desde 2023”, del cual “la mitad se debe a la inflación”, y ha lamentado que con toda probabilidad la proposición decaerá por la oposición de lo que ha calificado de “tripartito y la CUP”, a los cuales acusa de “no estar al lado de la gente”.
Una reforma fiscal con impacto en rentas bajas y transmisiones
La proposición de ley de Junts plantea una reducción de los tipos en los cuatro primeros tramos del IRPF (9%, 11,75%, 15% y 17,80%) para rentas inferiores a los 35.000 euros, modificando la escala autonómica con el objetivo de aligerar la carga fiscal de las rentas más bajas. Además, eleva el mínimo exento hasta los 5.907,42 euros anuales, una cifra calculada según la paridad de poder adquisitivo para adaptarla al coste de vida catalán. En cuanto a el impuesto de sucesiones, la propuesta establece una bonificación del 99% para los grupos I y II —descendientes, cónyuges y ascendientes— y del 50% para el grupo III. También incluye importantes reducciones en donaciones, con bonificaciones del 99% en transmisiones de empresas familiares, iniciativas empresariales o primera vivienda, con límites que pueden llegar hasta los 500.000 euros en casos de discapacidad.
Apoyo de PP y Vox, rechazo frontal de la izquierda
Desde la oposición, el portavoz del PP catalán, Juan Fernández, ha cargado contra la trayectoria fiscal de Junts, a pesar de apoyar la iniciativa: “Sorprende que Junts, que subió el impuesto de sucesiones en el peor momento de la historia reciente con el presidente Torra, impulse esto. Pero bienvenidos a la cordura y el sentido común”. Los populares votarán a favor de la propuesta, defendiendo que permitirá que “las clases medias tengan más recursos”. En la misma línea, el portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, ha anunciado su apoyo: “Queremos acabar con el impuesto de sucesiones en todo el Estado porque castiga a las familias”. Garriga ha ido más allá y ha defendido eliminar el IRPF para rentas de hasta 22.000 euros.
Por el contrario, la presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, ha rechazado frontalmente la propuesta: “El problema no es pagar impuestos, sino que los servicios públicos funcionen”. Albiach ha defendido un modelo fiscal progresivo y ha acusado a Junts de seguir “el modelo de Ayuso o la motosierra de Milei”, apostando por rebajas fiscales que, a su parecer, debilitan los servicios públicos.
Duras críticas al Govern por el decreto de suplemento de crédito
En paralelo, Vergés también ha cargado con contundencia contra el decreto ley de suplemento de crédito que el Parlament votará este miércoles por la mañana. Según el dirigente juntaire, se trata de “aprobar el presupuesto por la puerta de atrás” ante la incapacidad del Govern de sacar adelante unas cuentas. El portavoz ha acusado al ejecutivo de Salvador Illa de estar “atado de pies y manos” por el acuerdo de investidura con ERC y los Comuns, que impide, según ha dicho, cualquier ajuste fiscal. Ha calificado la situación de “desbarajuste y vodevil” y ha denunciado que Catalunya encadena prórrogas presupuestarias mientras se multiplican los suplementos de crédito: tres en 2024, tres en 2025 y otro este 2026, sumando unos 12.000 millones de euros.
Vergés ha advertido que este mecanismo “no permite ni plurianualidades ni inversiones nuevas” y ha criticado especialmente que 2.500 millones de euros del nuevo suplemento incrementen la capacidad de gasto de los departamentos “sin ningún control parlamentario ni democrático”, hecho que ha calificado de “barra libre del Departamento de Economía”.