"El presidente del Parlament empieza con mal pie porque la primera decisión es investir a una persona que no puede serlo", ha dicho el portavoz de comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, en la rueda de prensa de este lunes, en alusión a que Roger Torrent propusiera al cabeza de lista de Junts per Catalunya Carles Puigdemont. Casado ha avisado a Torrent de las consecuencias penales que se podrían derivar si viajaba a Bruselas —pagado con dinero público— para reunirse con Puigdemont, considerando que el delito aplicable sería el de la "malversación".

Preguntado por El Nacional, el portavoz se ha pronunciado asimismo sobre la petición del presidente de la cámara de reunirse con Mariano Rajoy para abordar la investidura. El PP considera "muy cabal" que no se ceda a este diálogo, una vez La Moncloa ha dado el portazo, recordando las "cuestiones judiciales" de Puigdemont. "No se tiene por qué reunir con presidentes de parlamentos autonómicos, ante una ilegalidad flagrante", ha dicho Casado, quien ha pedido a Torrent "coser heridas y no infringir el reglamento", en vez de dedicarse a la comunicación epistolar con el Palacio de la Moncloa", ha zanjado.

Fuentes populares descartan que la negativa de Llarena a activar la euroorden sea un nuevo fracaso del Estado: "Es Puigdemont quien lleva casi tres meses en Bélgica", se jactan.

También preguntado por este diario —sobre si negarse al diálogo era una forma de no reconocer la voluntad de los 70 escaños independentistas— Casado ha respondido que no creía en "mandatos populares", ya que "adjetivar la democracia era poco demócrata", ha argumentado. Aquí se ha vuelto con la idea de que el político gerundense compareciera ante la Justicia. "La ley nos iguala a todos y nos protege. El último Parlament fue disuelto por no cumplir la ley", ha indicado.

La cuestión es que los populares se resignan ante la negativa del juez Pablo Llarena de reactivar la petición del ministerio público sobre la euroorden para detener a Puigdemont, con motivo de su viaje a Dinamarca para ofrecer una conferencia sobre el conflicto catalán. "Nosotros lo respetamos. Las motivaciones jurídicas corresponden a los jueces, aunque ha sido muy acertada la petición de la Fiscalía, y conforme a derecho", ha respondido el dirigente del PP. Ahora bien, fuentes populares descartan que eso sea un nuevo fracaso del Estado: "Es él quien lleva casi tres meses en Bélgica", se jactan sobre el catalán.