El PP saca las uñas de nuevo contra el proceso de nacionalización del PSOE. Después de que Alberto Núñez Feijóo acusara a Pedro Sánchez de practicar "ingeniería electoral" para "fabricar" nuevos votantes a través de la ley de nietos porque "no le salen las cuentas", ahora los populares han lanzado una ofensiva para "fiscalizar" y exigir "garantías" sobre el "mayor proceso de nacionalización" que está impulsando el Gobierno y que, según este partido, "afecta a 2,6 millones de personas". Por ello, este miércoles han anunciado que registrarán una serie de iniciativas para estar encima del Ejecutivo en esta materia. Concretamente, quieren que comparezca el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, piden a la Abogacía del Estado un informe sobre la externalización del proceso y exigen una copia del expediente de contratación de la empresa pública Ineco para tramitar expedientes, así como de la empresa cubana Palco. Sin embargo, los populares han rechazado hablar de "pucherazo" como sí apuntan desde Vox.
En un vídeo remitido a los medios, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha anunciado que presentarán esta serie de iniciativas contra la ley de nietos en los próximos días y ha insistido en cuestionar el proceso, al considerar que se lleva a cabo mediante "una orden administrativa sin control parlamentario". Lo que el PP pretende con esta "ofensiva informativa", según indican en el comunicado, es que el proceso iniciado por el Ejecutivo "por la puerta de atrás se haga con todas las garantías". "Esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad", ha afirmado la formación.
¿Qué solicita el PP?
En primer lugar, el PP solicita la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores en el pleno del Congreso para informar, entre otras cosas, del funcionamiento de los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los plazos de resolución de expedientes, así como el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes de todo el proceso de nacionalización.
Además, el PP quiere pedir a la Abogacía General del Estado un informe sobre "la externalización llevada a cabo por el Gobierno para realizar tareas de apoyo a los consulados en el procedimiento impulsado por el mismo ejecutivo para la tramitación de expedientes de obtención de nacionalidad", según ha informado en el mismo comunicado. Al mismo tiempo, pide conocer los consulados más afectados, los medios humanos, materiales y presupuestarios desplegados por el Ministerio, los criterios jurídicos y administrativos aplicados a la tramitación de los expedientes y las garantías documentales, registrales y censales adoptadas por el Gobierno para este proceso.
Igualmente, el PP exige al ministro que informe de las medidas previstas "ante la saturación de los servicios consulares derivada del elevado volumen de solicitudes, especialmente en los países hispanoamericanos más afectados". En este sentido, exige la copia de los tres expedientes completos de contratación de la empresa pública vinculada al régimen cubano, Grupo Palco, por un importe total de 1.602.217 euros, para la contratación de personal al servicio del Consulado de España en La Habana, para realizar tareas de apoyo de todo tipo y también como refuerzo en la tramitación de expedientes de obtención de la nacionalidad española. Del mismo modo, también solicitan la copia del expediente completo de contratación de la empresa pública española Ineco para llevar a cabo tareas de apoyo en la tramitación de expedientes, según añade en el mismo comunicado.
¿Qué es la ley de nietos?
La ley de nietos entró en vigor en octubre de 2022, expiró el 31 de octubre del año pasado y a ella se han podido acoger varios tipos de personas. Desde personas nacidas fuera del Estado de padre o madre, abuelo o abuela, que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española a consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, hasta hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.