A 24 horas de la reunión entre presidentes, el Partido Popular actúa. Después de anunciar una querella contra el president Quim Torra por usurpación de funciones, este miércoles por la mañana finalmente lo ha hecho. Ha interpuesto el escrito ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), admitiendo de facto que Torra es president de la Generalitat y por lo tanto está aforado. Los populares denuncian la continuidad de la "actuación delictiva" del jefe del Govern "asumiendo funciones que no le corresponden". Eso, según la formación, "perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y de España como nación".

 

En su escrito, de 19 páginas, el PP sostiene que "la pérdida de la condición de diputado comporta automáticamente el cese como presidente de la Comunidad Autónoma de Catalunya" y que, aun así, Torra sigue ejerciendo el cargo y presidiendo las reuniones del Consejo Ejecutivo, haciendo declaraciones públicas "en calidad de presidente de facto de la Generalitat" e incluso reuniéndose con Pedro Sánchez. Los populares denuncian que es un "cargo que no puede ejercer ya legalmente". Por todo eso, consideran que puede ser constitutivo de un delito de usurpación de funciones públicas, "aunque durante la instrucción del procedimiento pudieran determinarse otros más". Incluso se aferran al informe de los letrados del Parlament, aunque ignorando la aclaración posterior que hicieron los servicios jurídicos.

"La situación provocada por el querellado produce además una grave perturbación del orden constitucional, ya que las funciones que está ejerciendo ilegalmente son las de presidente de la Comunidad Autónoma de Catalunya, que no es un funcionario cualquiera, y que además de acuerdo con la Constitución es el representante del Estado en dicha comunidad", critican los populares en su querella. En este sentido, reclaman "adoptar las cautelas que procedan para que tan grave perturbación del orden constitucional no continúe por más tiempo, generando una falsa apariencia de legalidad en la actuación de quien de manera consciente, deliberada y dolosa se sitúa al margen de la Constitución y manifiesta con absoluta jactancia que pretende continuar hasta el final en tan ilícita conducta, con desprecio absoluto por el cumplimiento de la ley".

El PP pide a la sala del TSJC que admita a trámite la querella y designe a un instructor para la causa. Los conservadores también solicitan como prueba que se interrogue a Torra.