El Partido Popular de Catalunya ha frenado la aprobación definitiva de la ley de memoria democrática, que estaba prevista para este miércoles en el Parlament. El grupo parlamentario ha solicitado un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) para que examine si varios artículos de la normativa se ajustan a la Constitución y al Estatut. Los populares consideran que la iniciativa puede vulnerar derechos fundamentales, invadir competencias estatales y limitar la autonomía municipal. La petición obliga a aplazar la votación final hasta que el órgano consultivo emita su pronunciamiento, que no será vinculante.
La decisión llega después de casi dos años de trabajo parlamentario y más de 750 enmiendas presentadas al texto. El PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP habían cerrado un acuerdo para sacar adelante la normativa, que disponía de una amplia mayoría en la cámara catalana. La intervención del Consell de Garanties retrasará unas semanas la culminación de una tramitación que ya había llegado a la recta final.
El PP cuestiona la protección de datos y las competencias del Estado
Una de las principales objeciones de los populares afecta a los artículos 7.2 y 7.4, que, según denuncian, permitirían acceder a datos personales de terceras personas sin respetar las garantías previstas en la legislación de transparencia. El PPC considera que esto podría vulnerar el derecho constitucional a la intimidad. También pone en duda los artículos 12 y 12.4, relativos a la nulidad de determinadas sentencias y condenas de la época franquista, porque entiende que podrían invadir competencias exclusivas del Estado en materia de justicia y legislación penal. Además, cuestiona el artículo 20.4, sobre la restitución de bienes confiscados o transmitidos durante la Guerra Civil y la dictadura, porque considera que su formulación podría afectar la autonomía municipal.
La portavoz del PPC en el Parlament, Lorena Roldán, ha advertido que la normativa puede generar "inseguridad jurídica" y ha defendido que las políticas de memoria deben respetar el marco competencial. "La recuperación de la memoria histórica no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales, saltarse las garantías jurídicas ni pasar por encima de las competencias que corresponden a otras administraciones", ha afirmado.
La retirada del monumento franquista de Tortosa, uno de los puntos de conflicto
Otro de los aspectos que rechaza el PPC es la obligación de retirar el monumento franquista situado en el río Ebro, en Tortosa. La ley establece un plazo máximo de un año para que el Govern haga efectiva su retirada, mientras que concede dos años para eliminar el resto de simbología franquista que todavía se conserva en el espacio público. Roldán ha recordado que la ciudadanía de Tortosa se pronunció en un referéndum a favor de mantener el monumento y considera que la nueva legislación contradice aquella decisión. "Ahora se puede vulnerar también esta decisión democrática", ha advertido.
Multas de hasta 150.000 euros y nuevas medidas de reparación
Más allá de la retirada de símbolos franquistas y de las distinciones concedidas a personas que apoyaron la dictadura, la ley incorpora por primera vez un régimen sancionador por el enaltecimiento del franquismo y los daños a los espacios de memoria, con multas de entre 200 y 150.000 euros según la gravedad de la infracción. También prevé regular el censo de víctimas de la dictadura y mantener un registro de la simbología franquista y de la simbología republicana retirada entre 1939 y 1975. Entre las nuevas medidas se encuentra la creación de una comisión técnica de memoria, que dispondrá de dos años para elaborar un informe con conclusiones para la reparación de las víctimas, y de una oficina de apoyo destinada a garantizar su atención con independencia de los futuros cambios de gobierno.