La ponencia política del Partido Popular, que se debatirá y aprobará en el Congreso Nacional del partido que se celebrará del 4 al 6 de julio en Madrid, pone el foco en la alianza entre Pedro Sánchez y el independentismo. Los de Alberto Núñez Feijóo arremeten con dureza contra los acuerdos que ha suscrito el PSOE con Junts y ERC a lo largo de la legislatura y rechazan la estrategia de los socialistas. “Los estatutos de autonomía no pueden convertirse en espacios de negociación paralela ni fuente de privilegios. España necesitar frenar la imposición de minorías nacionalistas que, con pocos votos, condicionan decisiones clave para el conjunto del país”, esgrime el documento, de 39 páginas, que ha sido elaborado por Juanma Moreno Bonilla (presidente de Andalucía), Alfonso Fernández Mañueco (presidente de Castilla y León) y Natalia Chueca (alcaldesa de Zaragoza) y la eurodiputada Alma Ezcurra.

“La garantía de la igualdad básica entre todos los españoles son aspectos a preservar y reforzar. Asegurarlas dota al sistema de seguridad jurídica y estabilidad, además de impedir chantajes de formaciones separatistas. […] El marco competencial no puede ser un zoco en el que se compran mayorías parlamentarias”, prosigue la ponencia, que defiende que el “núcleo de competencias indelegables del Estado en ningún caso puede estar sujeto a negociación”, en alusión al acuerdo del PSOE con Junts por el traspaso de las competencias en inmigración. Asimismo, carga contra una “persistente actuación desintegradora del Gobierno y las minorías parlamentarias” que está “dañando gravemente” el “peculiar modelo de descentralización” de España: “No es sólo la incapacidad de pactar el esquema de financiación territorial, es sobre todo la distribución de prebendas y la negociación de numerosos traspasos como condición previa a la segregación que algunos anhelan”.

Por otro lado, el PP aboga por asegurar que la financiación “se base en criterios objetivos” y “no en acuerdos bilaterales que rompen la cohesión y solo sirven a criterios partidistas” y por fomentar una organización territorial “más clara” donde las competencias del Estado y las comunidades autónomas estén “bien definidas, evitando ambigüedades, revisionismo y conflictos permanentes”.

“Garantizar el aprendizaje completo del español” en la escuela

La ponencia del PP también mantiene su cruzada contra el catalán. Los populares quieren asegurar que en la legislación estatal “se garantice el aprendizaje completo del español en todas las etapas del sistema educativo” y garantizar el “derecho a usarlo en todos los ámbitos”. Como dice Alberto Núñez Feijóo desde que llegó a Génova, el PP defiende un “bilingüismo cordial que busque la convivencia equilibrada entre las lenguas cooficiales en los distintos territorios”. Asimismo, hace una amenaza: “Velaremos por el uso de la lengua común en el Congreso de los Diputados”, abriendo la puerta a suprimir la Reforma del Reglamento que permite hablar en catalán, vasco y gallego desde la tribuna. “La lengua no puede ser una traba, sino un mérito para acceder a la función pública”, añade.

Indultos con una mayoría calificada del Congreso, sedición y tipificar el referéndum ilegal 

En otro apartado, el PP avisa que el indulto “no volverá a ser un privilegio político” y se muestra partidario de reformar su regulación para “asegurar que no pueda concederse de forma arbitraria” y establecer “criterios claros y objetivos que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley". El PP los quiere prohibir expresamente para delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores. Además, cuando se trate de personas que ocupen o hayan ocupado responsabilidades políticas, exigirán una tramitación reforzada, que incluya al menos la autorización por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados. Finalmente, quiere recuperar el delito de sedición y tipificar el referéndum ilegal en el Código Penal.

Que el procesamiento del fiscal general del Estado conlleve su “cese inmediato y automático”

El PP también argumenta que la independencia judicial es “intocable” y “no puede estar sometida ni a los vaivenes políticos ni a las presiones de ningún Gobierno”. Así pues, los populares quieren modificar las leyes para “garantizar” que el Tribunal Constitucional “no vuelva a actuar como tribunal de casación” del Tribunal Supremo y para que el procesamiento del fiscal general del Estado conlleve su “cese inmediato y automático”.

Además, los populares apuestan por revertir la “colonización política de las instituciones”, por modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que “los jueces elijan a los jueces” y por “defender con firmeza” la acusación popular frente a “cualquier intento de eliminarla o debilitarla”. “En momentos como los actuales, los magistrados, jueces y fiscales sostienen con valentía nuestra democracia, defendiendo incansablemente la verdad y garantizando la vigencia de los derechos fundamentales frente a cualquier intento de erosión del orden constitucional”, apostilla.

“Ni cordones arbitrarios, ni mayorías incoherentes” 

El documento reserva otro párrafo a los cordones sanitarios y avala por completo una futura alianza con Vox para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa. Bajo el epígrafe “ni cordones arbitrarios, ni mayorías incoherentes”, los populares critican que el PSOE lleve años “queriendo elegir a quiénes debe excluirse del diálogo democrático”. “Al tiempo que pacta con los que trabajan a diario para la desaparición de España, pretende bloquear la formación de mayorías alternativas dando muestra de un tacticismo arbitrario y muy poco escrupuloso”, lamentan. Desde Génova se remontan al Pacte del Tinell de 2003, la alianza entre el PSC, ICV-EUiA y ERC para que Pasqual Maragall llegara al Palau de la Generalitat, que incluía una cláusula rechazando cualquier “acuerdo de gobernabilidad” con el PP. “Los dirigentes socialistas renunciaron a buscar acuerdos amplios para ocultar su posición minoritaria apoyándose en fuerzas políticas radicales”, recuerdan.

La ponencia sostiene que el PP “aspira a obtener una mayoría suficiente” para gobernar “aplicando su programa” sobre la base de la Constitución y la defensa del interés general. “No vamos a renunciar a nuestros principios y valores, ni entraremos en subastas políticas”, subraya. Y alega que “se puede hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten” y con “todos los que estén dispuestos a cumplirlas, a través de las reglas y de los procedimientos previstos”, una declaración de intenciones que puede obedecer a futuras negociaciones con Junts y el PNV. “El diálogo es lo opuesto a la imposición, la ilegalidad o el precio político al mantenimiento del poder”, remacha.

“Es imperativo repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales”

Otro capítulo relevante es el referente a la inmigración. “Es urgente ordenar la entrada de personas, primando la llegada de aquellos culturalmente cercanos”, argumenta el PP, que recela de las “fronteras desprotegidas” y de un “sistema de regularización caótico que incentiva a las mafias que trafican con personas a incumplir la ley”. En una exposición que resuena a los postulados de Vox, los populares esgrimen que el control de fronteras es la “garantía de la convivencia en libertad” y consideran que es “imperativo repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales y a quienes cometan algún delito”.

Entre los compromisos, el PP apuesta por eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas porque “la irregularidad no puede generar derechos”, por condicionar la residencia de larga duración a la “contribución efectiva” al sistema de Seguridad Social y al “conocimiento del idioma y de la cultura españolas” y por devolver su “carácter excepcional” al arraigo y la reagrupación familiar después de que se hayan convertido en una “vía opaca de regularización masiva de inmigrantes irregulares”.

Memoria democrática, malversación y personas trans

Cuatro temas más. El PP también se compromete a derogar la Ley de Memoria Democrática, que el PSOE negoció y pactó con ERC y Bildu, alegando que “no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia desde la manipulación y el enfrentamiento”. Además, apuesta por obligar por ley a un debate anual sobre el Estado de la Nación y a un “régimen periódico” de reuniones entre oposición y Gobierno. Asimismo, los populares volverán a “endurecer las penas por malversación” y a “repensar los requisitos de acceso de los cargos y directivos públicos para que no sea una agencia de colocación por mera afinidad”.

Finalmente, los populares argumentan que los menores “deben ser protegidos frente a decisiones irreversibles sobre su cuerpo y su identidad sexual”, en alusión a las personas trans. “En una etapa del desarrollo marcada por las dudas, pueden llegar a conclusiones erróneas con graves consecuencias. Es fundamental retrasar al máximo cualquier tratamiento de cambio de sexo, para que este tipo de decisiones se tomen sólo con plena madurez y con el acompañamiento psicosocial y médico adecuado”, esgrimen.