Una distopía que evoca a las novelas del escritor Franz Kafka asalta el "imperio de la legalidad" del Estado. El Gobierno español tiene dudas sobre si es de su competencia llevar al Tribunal Constitucional el trámite ratificado este martes por Mesa del Parlament sobre la desconexión exprés, la reforma del reglamento propuesta por JxSí. La voluntad es hacerlo, para parar el avance de la hoja de ruta de la Generalitat hacia la independencia, según han comentado fuentes de la Moncloa en los pasillos del Senado. Pero están estudiando la cuestión, donde el principal interrogante reside en el hecho que al tratarse de un trámite relativo al reglamento de la Cámara catalana y que se pueden estar vulnerando derechos de los parlamentarios, se tendrían que buscar vías alternativas, como que lo haga el Partido Popular catalán.

El trámite podría acabar igualmente al TC porque el senador popular Xavier García Albiol se muestra partidario de liderar un frente común con el PSC, Sí Que Es Pot y Ciudadanos para pedir un recurso de amparo, en caso de ser aprobado. Lo ha explicado Albiol durante la sesión plenaria de la Cámara alta, donde se ha protagonizado un nuevo enfrentamiento entre el senador del PDeCAT Josep Lluis Cleries y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El motivo es que para el gobierno del Estado, supuestamente, el proceso soberanista no tiene legitimidad social, ni internacional, ni tampoco en la legalidad, sino que la Generalitat vive en una "realidad paralela" con el proceso, diferente a los "anhelos de los catalanes". 

El coordinador del PP catalán ha denunciado que la reforma del reglamento del Parlament "marca la línea de locura" en la que en su opinión se encuentra el ejecutivo autonómico de Carles Puigdemont y "hasta qué nivel se ha degradado la política" en esa comunidad. "Se demuestra que en Catalunya los grupos mayoritarios del Parlament han perdido la vergüenza y no tienen ningún complejo para poner en riesgo la democracia y el parlamentarismo. Una decisión de este tipo es una vulneración clara de los derechos de los diputados", ha sentenciado.

La cuestión es que Santamaría ha huido de responder las preguntas de los periodistas sobre cómo estaba el trámite de impugnación en el Alto Tribunal. "Hemos dado siempre una respuesta política, al tiempo que legal al desafío. Lo dicen partidos de allí, mire si tienen respeto por la opinión de los catalanes que no se someten ni a un debate", ha dicho, esquivando explicar que tenían dudas.

Se acumularán asimismo las peticiones del bloque unionista, cuanto a la partida de los presupuestos catalanes para el referéndum. Tras ratificar el acuerdo de relación con el PSOE que lamina la soberanía de la formación catalana, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha indicado que se personaría en el TC, en caso de ser necesario, si la partida es aprobada en el Parlament.

Le ha tomado el relevo al presidente de la gestora, Javier Fernández, quien tampoco se ha cerrado a apoyar al Ejecutivo central a la hora de aplicar el artículo 155, en caso de referéndum. Argumenta que España tiene una serie de mecanismos jurídicos que son "la propia autodefensa del Estado de derecho, para evitar la ilegalidad". Sin embargo, no se ha querido posicionarse antes que el gobierno de Mariano Rajoy sobre qué pasará. "Ni me lo ha dicho, ni me lo ha comunicado, ni por tanto tengo que hacer ninguna valoración", ha insistido, tras haber reconocido que mantiene interlocución sobre cuestiones "prioritarias" y "indispensables", preguntado por si lo hacían sobre Catalunya.