Conforme la Operación Diálogo se descubre en saco roto, la Moncloa intenta desacreditar el proceso soberanista utilizando el principal argumento que la Generalitat considera que lo avala, desde las movilizaciones ciudadanas del año 2012: la legitimidad democrática. Era la tesis de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante el cara a cara con el diputado del PDeCAT, Josep Lluis Cleries, en la sesión de control en el Senado. Para el Gobierno del Estado, no hay ni legitimidad social, ni internacional, ni tampoco en la legalidad, sino que se vive en una "realidad paralela" a los anhelos de los catalanes.

"Los partidos de la Generalitat han entrado en una dinámica absolutamente incomprensible, donde cuanto menos apoyos tienen, más quieren acelerar el proceso. Han pasado de no atender al Congreso, el Senado, todas las autoridades europeas, el Tribunal Constitucional, a desconocer el propio Parlament de Catalunya y su Consell de Garanties Estatutàries. La legitimación de este proceso brilla por su ausencia y cada vez es más controvertido", ha denunciado la vicepresidenta a la salida del pleno, sobre que la mesa haya ratificado la reforma urgente del reglamento para la desconexión.

Con el juicio del 9-N y sus posibles efectos para el imaginario independentista, el Ejecutivo central evita pronunciarse sobre qué resortes legales, de tenerlos, usará para detener el avance de esta reforma de ley. "Hemos dado siempre una respuesta política, a la vez que legal, al desafío. Se lo dicen partidos de allí. Mire si tienen respeto por la opinión de los catalanes que no se someten ni a un debate", ha remachado. El hecho es que el Gobierno central no tiene claro que pueda impugnar el procedimiento, según fuentes gubernamentales, y aprovechará el Partido Popular catalán para hacerlo.

La duda ha quedado resuelta por el senador popular, Xavier García-Albiol, quien ha amenazado con que si la ley sale adelante pedirá un recurso de amparo. Se acumularán las sentencias, porque el propio primer secretario del PSC, Miquel Iceta, también ha indicado, tras ratificar el acuerdo de relación con el PSOE este martes, que se personaría en el TC si la partida de los presupuestos para el referéndum es aprobada en el Parlament.

El hecho es que utilización de los "catalanes" como moneda de cambio derivaba de la pregunta de Cleries. Después de oír en reiteradas ocasiones que el presidente Carles Puigdemont no se preocupaba por los problemas de los ciudadanos, ya que no asistió a la conferencia de presidentes autonómicos, el senador del PDeCAT le ha devuelto el golpe.

"Le quiero hablar de problemas reales de los catalanes y catalanas. Rodalies Renfe, desinversión en infraestructuras, falta de inversión en el Corredor del Mediterráneo, su deseo de destrozar el sistema sanitario catalán, como dijo un ministro, la voluntad de romper la cohesión lingüística en Catalunya con la LOMCE, la negativa a acoger refugiados, la balanza fiscal deficitaria... ¿Qué propuestas ha hecho para Catalunya"?, ha demandado.

La vicepresidenta se ha vuelto con el tema económico, habitual en el argumentario del Gobierno del PP. "Hemos generado empleo, problema en Catalunya, que es la comunidad que más empleo ha creado. Hemos mantenido el nivel de servicios públicos, hasta 60.000 millones, 16.000 ahorrados en intereses porque no tenían acceso al mercado de capitales", ha denunciado, añadiendo que el territorio catalán era el primero en inversiones para infraestructuras de energía, telecomunicaciones, ejemplo de ello, unos presuntos 11.200 millones de euros para el Corredor Mediterráneo.

Una sub-variante de esta tesis es ya la comisión para la financiación autonómica, donde la Generalitat no está presente. "Por qué no envía a un experto para defender los derechos de los catalanes, que ustedes defiende tanto?", le ha increpado Santamaría. Cleries ha explicado que desde el 2011 el proceso estaba parado, de manera que jugaban con ventaja, porque los conocían "hacía siglos" con el Estatut, la "judicialización" de la política, o los diversos incumplimientos, y ha recordado que el FLA "no es una limosna, sino un préstamo", a devolver. El súmmum de la idea ha venido con la petición que si el gobierno catalán gestionaba el propio dinero, no tendría que pedir más, ya que ahora "financiaba al Estado español".

Santamaría también ha tenido su momento álgido cuando ha cargado contra la conselleria de Exteriors de Raül Romeva. "Ni apoyo social, ni cobertura internacional. Años gastando el dinero de los catalanes, no conozco departamento de Exteriores más ineficiente que el catalán. Gobiernan ustedes para ustedes mismos. Gobiernan imponiendo los criterios de la minoría más minoritaria de Catalunya. Creían que se podían saltarse la legalidad y estar por encima de las instituciones. Huyen hacia adelante y los catalanes ya no les van detrás", ha sentenciado.