Una noticia de la portada de El País y otra de ABC son clave para entrever el trasfondo —cuando menos algunos repliegues— del conflicto manifestado por las informaciones sobre los Papeles de la Operación Catalunya, que va más allá —más aún— de la persecución política orquestada desde el gobierno español contra el independentismo. Dice el diario de los progres mayores que “los tribunales evitan entrar a investigar las maniobras del PP en Interior”. Además de recuperar el tema que el martes ignoró en portada, señala también la magnitud del revuelo institucional a que se enfrenta la democracia española. “La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, las fiscalías de ambos órganos judiciales y cuatro juzgados de instrucción llevan un año evitando o rechazando investigar la guerra sucia” del gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo, añade el texto de portada. “Las querellas presentadas contra dirigentes del PP y del departamento de Jorge Fernández Díaz no han sido admitidas pese a las grabaciones, documentos y testimonios del caso”. Tanto el “hace un año” como el “pese a” retumban como todas las campanas de Catalunya juntas.
Lo que El País dice sin decir es que la justicia española —llamémoslo así, para abreviar— no quiere hacer el trabajo que le toca y al que está obligada y honrar el derecho de los denunciantes, aunque los indicios de delito son más que destacables. Las denuncias rechazadas las ha presentado gente diversa, que va desde el empresario Carles Sumarroca al conseller Jaume Giró. Con mucho menos, la Audiencia Nacional acusa de terrorismo a los CDR o a los encausados de Tsunami Democràtic, por ejemplo. Con mucho menos, el Supremo arrebató el escaño al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por salir del mundo indepe y sin entrar ahora en la docena y media de casos contra Podemos que han debido archivarse —los más graves los ha, digamos, instruido Manuel García Castellón, el mismo juez de la Audiencia Nacional que se encarga de la causa contra Tsunami.
La mencionada sentencia contra el exdiputado Rodríguez ha sido enmendada este martes por el Constitucional. Se queja ABC, que titula y acusa con un deje de ira: “El Tribunal Constitucional [...] suplanta al Supremo”. El TC considera que el TS actuó de manera “desproporcionada” al mantener la pena accesoria de inhabilitación añadida a una pena principal que es obligatorio sustituir por una multa al ser inferior a tres meses de prisión. Según el Constitucional, la sentencia del Supremo provoca un “desproporcionado sacrificio que produce un patente despilfarro inútil de coacción”. Poesía pura. Pero ABC —siempre del brazo del establishment togado— se molesta, porque le parece un delito de lesa patria el revolcón al Supremo en beneficio de un diputado de Podemos con rastas condenado por una patada a un policía en una manifestación. El Supremo no se toca.
Los expertos dirán lo que sea, pero todo hace pensar si esta actitud sectaria y facciosa de la justicia española (técnicamente, el TC no forma parte) no será la prueba de las “deficiencias generalizadas y sistémicas del Estado de derecho en España” que pedía el abogado general de la UE, Richard de La Tour, a la justicia belga para justificar su negativa a extraditar al conseller Lluís Puig. Y también si todos estos independentistas y compañeros de viaje afectados por la “guerra sucia” (El País dixit) del gobierno español e ignorados por la justicia española no constituyen un Grupo Objetivamente Identificable de personas discriminado por el Estado de derecho en España, dado que solo les unen dos cosas: la persecución del Estado a causa de su mayor o menor proximidad al independentismo y la discriminación judicial... por el mismo motivo. En fin. Quizás esta especulación va demasiado lejos. O no.
🔍 Toda la investigación de ElNacional.cat sobre los Papeles de la Operación Catalunya
