La noticia podía ser que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha cumplido una promesa, un "compromiso personal" según él, relacionado con la mesa de diálogo: reformar el delito de sedición. Sólo este hecho ya es muy notable, muy destacable, vista la insistencia del jefe del ejecutivo español a apalabrar algo y acto seguido hacerse el sueco. El Periódico, quizás de forma involuntaria, quizás con afán de destacar su rectitud, lleva un titular adecuado: "Sánchez cumple su compromiso y deroga el delito de sedición". En dos semanas, Sánchez ha saltado de la excusa de que no tenía mayoría en el Congreso —El País, en un título-torpedo de portada le recordó que sí la tiene— a presentar la propuesta a la cámara. Ahora, el gobierno español quiere cambiarle el nombre por el de "desórdenes públicos agravados" y rebajar las penas a cinco años. A ver cómo cambia la definición actual, una redacción confusa que permite arbitrariedades y lawfare como la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del referéndum del 1-O.
🔴 Reforma del delito de sedición, última hora | DIRECTO
La noticia se ha sabido entrada la noche, de manera que en los diarios impresos no ha habido tiempo para reflexionar y procesarla en un título. Es decir, las portadas de este viernes son un buen termómetro para conocer los primo prime de los diarios, los actos no muy deliberados, casi reflejos, la primera reacción. Muchas veces, las respuestas en caliente expresan el sentimiento más primario de una persona, como quien se aleja automáticamente de un mal olor repentino. Si uno tiene que quedar bien, aguanta el asco. Si lo toma por sorpresa, reacciona apartando la cabeza sin disimular. Un ejemplo es El Mundo, que abre a toda portada con un título infantil y mentiroso, señal de que su instinto es degradar cualquier cosa que perjudique la paranoia vengativa contra el independentismo. "Sánchez eliminará la sedición porque el 1-O fueron 'desórdenes públicos'", titula.
No, amigas y amigos del tabloide ultra. Sánchez la reforma porque la sedición tal como aparece al Código Penal español es una antigualla inexistente en Europa. La justicia alemana no la vio en la causa contra el exiliado Carles Puigdemont. La justicia suiza lo calificó de delito político e ignoró las peticiones españolas con respecto a Marta Rovira y Anna Gabriel. Los tribunales británicos y belgas, ídem. En la mayoría de democracias que lo son, promover sin violencia una disidencia constitucional como el independentismo es ejercer la libertad de expresión y merece protección en vez de penas bárbaras y desproporcionadas, más graves que las del asesinato. Que el 1-O no fue ni desorden público, como da por hecho El Mundo, ni "algaradas callejeras", como dice La Razón, ni un "levantamiento tumultuario", como dice la condena, se dieron cuenta todos los corresponsales de prensa. También los periodistas españoles, aunque después fueron cambiando de opinión a medida que encontraban excusa en los atestados de la Guardia Civil, la instrucción en la Audiencia Nacional y el proceso en el Tribunal Supremo fabricaban la fábula de la violencia para aplicarle los castigos de la rebelión, como quería la Fiscalía, y de la sedición finalmente. El mismo PSOE tampoco lo veía: el 2-O, quería reprobar la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en el Congreso por la violencia policial y después, en una maniobra nunca explicada, se desdijo. Etcétera. Sánchez reforma la sedición porque es un delito anacrónico, tipificado en 1822 para desincentivar —sin éxito— la epidemia de pronunciamentos —golpes de estado generalmente incruentos— entre los caudillos militares de los siglos XIX y XX. El actual Código Penal castiga este delito con ocho a quince años de prisión.
El País, que, como La Vanguardia, lo presenta con un título frío y factual y parece más imparcial y sosegado, rezuma sin ambages esta ansia de revancha de los líderes independentistas exiliados en el texto de la información de la versión digital. Vale la pena reproducirlo, porque se le entiende todo. "Esta reforma —dice el diario— implicará sin duda una reducción sustancial de las penas, pero no que los líderes que se fugaron, en especial el expresidente Carles Puigdemont o también la secretaría general de ERC, Marta Rovira, quedan sin ningún tipo de condena, según [Pedro Sánchez]. "Puigdemont tendrá que rendir cuentas ante la justicia española, seguirá siendo delito", ha señalado. Si los fugados deciden volver a España después de que la reforma entre en vigor, se enfrentarán a una pena mucho menor y probablemente no sufrirían presión preventiva —para justificarla se necesaria una pena potencial muy alta—, pero eso no conllevaría que evitasen cono seguridad la cárcel". Lo que tienen es muchas ganas de verlos en chirona.
