El coronavirus se ha convertido en un comodín en las portadas. Hay diarios que se ocupan de ello con insistencia, especialmente los que tiran más a progre o tienden a mirar la vida con las gafas de la economía. Otros entran y salen del tema sin mucho ánimo. Hay uno, ABC, que apena lo presenta en portada porque, guiado por una intensa angustia patriótica, prefiere destacar los peligros que asedian el país como buitres: el comunismo bolivariano, la división de España, etcétera. Al coronavirus —qué nombre de tan mal gusto, deben pensar, por lo de "corona"—, que le den la bola.
ABC ha sido siempre un diario con gran sentido de las horas graves de España, que son tantas que ni descansar dejan a los buenos servidores de la corona, que Dios guarde muchos años. El comportamiento histórico del tabloide monárquico permite decir que actúa cono un ministerio más, tanto si tiene el favor del gobierno como si no. Porque el servicio del país y su honor no dependen de la consideración que los abnegados periodistas patriotas merezcan a las autoridades. Ellos están siempre, dispuestos a honrar Rey y ley.
Ironías aparte, este diario se preocupa hoy de que el Gobierno pueda considerar una reforma de la justicia en la línea de la propuesta por el Estatut antes del famoso cepillado de Alfonso Guerra. El Consejo General del Poder Judicial compartiría con los llamados consejos territoriales de justicia el poder de organizar la administración judicial y la potestad de hacer los nombramientos sénior. La idea sería "autonomizar" el poder judicial como ya lo están la Sanidad o la Educación, de los que se encargan las autonomías, supervisadas más o menos de lejos por los ministerios del respectivo ramo.
Eso no es ni bueno ni malo. Es otra manera de organizar la cosa. En el Reino Unido, por poner un caso diferente, el premier Boris Johnson pretende recortar los poderes de revisión de las leyes que la reforma de 2009 otorgó al Tribunal Supremo, institución creada aquel mismo año para separar de la Cámara de los Lores a los jueces que verifican la constitucionalidad o no de la acción del gobierno. Ahora sería un lío entrar en detalles, pero sirve enterarte de que ningún jurista ni diario británico lo considera un atentado constitucional, sino que lo valoran en relación a si el Ejecutivo quedará más o menos liberado de control jurisdiccional externo y si la reforma de la reforma ayudará a la justicia a funcionar mejor. Los británicos tienen fama de prácticos y, en general, no se complican la vida con teorías y sectarismos.
¿Qué hay tras esta (nueva) portada apocalíptica de ABC? Pues el pánico a que el control de la judicatura se disperse —o se distribuya— y sus decisiones permanezcan menos sometidas a la vigilancia del establishment político, conservador, por supuesto, que últimamente ha descubierto que, pese a no controlar el Congreso, puede imponer su agenda, más bien oculta, por vía de sentencias y autos de los partidarios que previamente han colocado en las salas y tribunales que convienen. Dicho así suena un poco bestia, de acuerdo, pero no hay mucho más.
Si esta reforma de la justicia se tiene que hacer en los términos del Estatut antes de cepillar o de alguna otra manera es otro debate. Aquí lo que hay en juego, sin embargo, es si esta monarquía judicial sostenida por una burocracia hereditaria no electa puede volver a ser una monarquía parlamentaria y representativa sostenida por una burocracia meritocrática como, por otra parte, establece la misma Constitución.
