El Consejo de Europa ha analizado hoy el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe que aprobó hace un año bajo el título ¿Tienen que ser juzgados los políticos por las manifestaciones hechas en el ejercicio de su mandato? y donde se abordaba la situación del estado de derecho en España, a raíz de la persecución contra el independentismo, y en Turquía. Cuando se debatió el año pasado en la Asamblea Parlamentaria del Consejo, ni los diputados españoles ni el anuncio de los indultos a los presos políticos horas antes de la votación pudieron evitar el durísimo revés que contenía el informe elaborado por el socialista letón Boriss Cilevics. Los diputados españoles, sin embargo, han aprendido la lección, y hoy han conseguido enmendar el texto de Cilevics, hasta el punto que el diputado ha decidido retirar las conclusiones del informe para evitar que quedara desvirtuado. No obstante, el comité de Asuntos Jurídicos donde se debatía el texto ha aceptado la petición de Cilevics que se hiciera público el contenido del infomre completo, que habitualmente se mantiene confidencial hasta que se aprueba.

En el texto, Cilevics reprocha que las euroórdenes contra los exiliados continúan vigentes, y que continúa la persecución contra centenares de funcionarios y responsables políticos por la participación en el procés o en los actos de apoyo a los presos. Aunque admite que España ha cumplido una de las recomendaciones que se le hicieron, como es poner en libertad a los presos políticos, advierte que el indulto aprobado es condicionado y que el Supremo ha admitido los recursos en contra. Además, reprocha que la mesa de diálogo ha avanzado muy lentamente y que las relaciones entre Catalunya y el Estado sigue sufriendo situaciones como el espionaje con el sistema Pegasus, sobre el cual reclama una investigación.

El diputado del PP Pablo Hispan no ha escondido la satisfacción al conseguir recortar el texto y obligar al ponente a retirar el informe.

El objetivo del informe, como se ha encargado de recordar Cilevics, es comprobar si España y Turquía han seguido las recomendaciones que la Asamblea de Parlamentaria planteó hace un año. El texto, que el Consejo de Europa ha aceptado hacer público, recuerda que los indultos son condicionados y que los presos políticos continúan inhabilitados para ocupar cargos públicos, además de destacar que el Tribunal Supremo ha admitido los recursos presentados contra esta medida por PP, Vox y Cs, después de que la misma sala del Supremo los había desestimado. El informe advierte que sería "muy lamentable e inusual" que los indultos fueran suspendidos.

Euroórdenes

Al dar repaso de las recomendaciones, destaca que España no ha reformado todavía el Código Penal por lo que respecta a los delitos de sedición y rebelión y lamenta que las autoridades españolas todavía no han desistido de los procedimientos de extradición contra los exiliados por lo cual el TJUE ha restituido la inmunidad de los europarlamentarios independentistas, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, a raíz de los riesgo que fueran detenidos. El texto, que recoge las consideraciones críticas hechas desde el gobierno de Pedro Sánchez y desde el Supremo a esta recomendación, advierte que mantener las euroórdenes va en contra de "el espíritu de convivencia y armonía" a que apeló Pedro Sánchez al anunciar los indultos.

Por lo que respecta a la recomendación de acabar con la persecución contra cargos del Govern implicados en el procés o en las acciones de solidaridad con los presos políticos, se remite a los informes del Síndic de Greuges y de Òmnium en que se enumeran los casos que continúan pendientes en los juzgados, entre los cuales contra la Mesa del Parlamento y contra diferentes diputados o responsables políticos. En este punto dedica especial atención a la persecución del Tribunal de Cuentas con una fianza de 4,5 millones contra altos cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. El caso más sorprendente que ha encontrado, sin embargo, es el de un bombero de Girona acusado de abandono de las funciones y de malversación por haber hecho sonar las sirenas de los camiones de bomberos delante del cuartel de la Guardia Civil al día siguiente del referéndum para protestar por las cargas policiales.

Por lo que respecta a la recomendación de abrir una mesa de diálogo, si bien admite que se ha constituido, reprocha que avanza muy lentamente con sólo dos reuniones hasta este momento, y sin estructura ni planificación clara.