El congreso que Junts celebrará el 15 y 16 de julio en la Farga de l'Hospitalet después de que este sábado renovó la dirección puede representar un punto de inflexión en el papel de esta formación en el ejecutivo de Pere Aragonès. Así se desprende de la ponencia política del partido que hoy se ha hecho llegar a la militancia y donde se acuerda la voluntad de Junts de valorar el grado de cumplimiento del acuerdo de gobierno con ERC, en función del cual se evaluará las medidas que adoptar al respecto, "sin descartar ninguna. En este escenario Junts planteará a sus bases la posibilidad de continuar o no en el gobierno o adoptar otros tipos de iniciativas adecuadas a la situación", advierte la ponencia.
El texto recuerda que después de las elecciones del 14-F se cerró un acuerdo de gobierno con ERC, "ni fácil ni rápido", con el fin de culminar el mandato del 1-O; insiste en que la apuesta de Junts es la confrontación democrática con el Estado, sin cerrar la puerta al diálogo, pero con un mediador y con voluntad real de negociar; y destaca que tanto ERC como Junts eran conscientes de la dificultad del diálogo por lo cual se incluyó en el acuerdo preparar "el embate democrático".
Punto de inflexión
En este sentido, sentencia que durante este año la mesa de diálogo no ha avanzado y que "Junts aceptó esta situación porque es fiel a sus compromisos y es parte firmante del acuerdo de gobierno, pero en ningún caso ha dicho nunca que hubiera que esperar dos años para ver los resultado".
Por todo ello, y ante lo que describe como la nula voluntad del Gobierno a negociar ni a investigar el CatalanGate, considera que la mesa de diálogo ha llegado definitivamente al final y propone que el primero de octubre del 2022, cinco años después del 1-O, "se produzca un punto de inflexión". En este punto recuerda que el acuerdo con ERC incluye la constitución de un espacio de coordinación estratégica, que hasta ahora no se ha constituido, y que considera básico para preparar la siguiente fase del procés de independencia o la coordinación en Madrid, "prácticamente inexistente".
Deberes al Govern
De momento, y mientras no se haga la anunciada consulta a la militancia, el texto advierte que "la acción legislativa y de gobierno tiene que suponer a todos los niveles institucionales un avance verificable en el proceso de independencia". Para conseguir este objetivo, en el marco del debate de política general, Junts propondrá una resolución para que cada departamento promueva medidas concretas que faciliten la desconexión económica y política de Catalunya en relación al Estado.
"No se podría entender un proceso de independencia en que el gobierno que lo tiene que liderar desde el interior no mantenga una actitud partidaria de la confrontación", advierte, razón por la cual reclama que "las instituciones tienen que asumir su rol en este proceso".
Cuestiones externas
La ponencia señala diferentes cuestiones externas que pueden acelerar los tiempos del procés independentista en Catalunya o que pueden tener una influencia relevante, entre las cuales el referéndum que reclama Escocia; los resultados de las sentencias del tribunal de derechos humanos de Estrasburgo y el de justicia de Luxemburgo; y la situación económica "delicada" en el Estado español, con un récord de deuda pública, que representa el 122% del PIB, y la exigencia de reformas estructurales por parte de la UE, que "afectarán sin duda a la carga fiscal, las pensiones y otros subsidios que pueden significar un golpe fuerte a la economía española y, por lo tanto, una oportunidad de mostrar la República catalana como única salida para mantener a una sociedad del bienestar".
El texto advierte que la activación de la declaración de independencia es el momento más delicado de todo el proceso de independencia y que "es fundamental evitar la precipitación y no se pueden poner plazos de ningún tipo", porque lo importante es que tenga éxito y que se haga en el momento adecuado y alcanzar previamente cuatro objetivos: una movilización social dispuesta a volverse permanente; un acuerdo entre los actores políticos sobre la no voluntad del estado español de negociar un referéndum; preparar las estructuras sociales, políticas e institucionales; y un cierto nivel de apoyo internacional.
Todo ello, asegura, requerirá la constitución de un espacio estratégico de las instituciones, el Consell per la República, partidos y entidades, para un esfuerzo mayor que el del 1-O porque se tendrá que implementar en todos los rincones del territorio catalán.