Las imágenes que han corrido por todo el mundo de las fuerzas policiales españolas cargando contra la población catalana darán —todavía más— de qué hablar después de que El Español haya publicado la cantidad de dinero público que se ha gastado el Ministerio del Interior en pagar a los centenares de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que han viajado a Catalunya para probar de parar la voluntad del pueblo más los que ya trabajan aquí. Sólo al pagar los agentes porque, evidentemente, los costes de todos los destrozos injustificados que hicieron en varias escuelas de todo el país no van incluidos en este pack.
El gran despliegue policial de estos últimos días ha costado al gobierno de Mariano Rajoy, es decir, a todos los españoles, 31.776.643,41 euros. Aunque los policías se quejaron directamente a la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, del desayuno de los barcos-dormitorio, sólo en dietas a bordo han desembolsado 5.586.431,41 euros y, si las sumamos todas, o sea, también las de los agentes que dormían en otros puntos de Catalunya, la cifra asciende hasta los 11.270.008,41 euros.
Algunos de los agentes llevan días desplegados (la gran mayoría solo lo hicieron ayer), sobre todo desde el 20-S, cuando irrumpieron sin órdenes judiciales en diferentes departamentos de la Generalitat y en otras empresas, y son precisamente estos (los que duermen en los barcos del Puerto de Barcelona) los que, aparte de la nómina, cobrarán 95 euros diarios sólo para estar desplegados. Mientras tanto, sus compañeros que se han quedado por el interor de Catalunya recibirán 80 euros por cada día que estén desplegados, pero los que más cobrarán son los que han dormido en instalaciones de las fuerzas armadas, que se llevan 110 euros diarios sólo para sus dietas.
Los de Juan Ignacio Zoido, además, decidieron incrementar la cantidad diaria que reciben para dietas desde los 28,21 euros diarios, hasta los 37,4 euros, y destinará unos 70.000 euros en "gratificaciones" al personal que se ha desplazado hasta aquí, pero que no hacen tareas operativas, en un dispositivo que está previsto que se quede por Catalunya hasta el próximo 5 de octubre.
Más de 30 millones de euros que han acabado destinados a la represión policial y a un estado de sitio casi constante y que, al ser dinero público, también han pagado los catalanes.