La policía española ha detenido este miércoles a seis militantes de la organización juvenil Arran en las comarcas de Ponent. Según ha informado la misma organización a través de las redes sociales, primero han sido dos los detenidos y por la tarde cuatro más, en lo que han calificado de operación represiva. Los detenidos, que serían vecinos de las comarcas del Pla d'Urgell y el Urgell, han sido trasladados a la comisaría de la policía en Lleida. Arran también informa de que la operación tendría origen en unas investigaciones de meses atrás, con acusaciones por delitos graves. Por todo ello, se ha convocado una concentración delante de la comisaría.
Arran han emitido un comunicado en que afirma que las seis detenciones son "acciones represivas". "Sin aviso previo, sin notificación de la abertura de un proceso judicial, la juventud de Arran volvemos a encontrarnos ante un nuevo caso de criminalización y persecución política y policial", reza el comunicado. También afirman que esta operación tendría sus orígenes en "unas investigaciones de meses atrás", con acusaciones de delitos graves. Sin embargo, el comunicado afirma que hasta que Arran no pueda acceder a los expedientes y las abogadas de Alerta Solidària no puedan asistir a los detenidos, "no se sabrá de qué se les acusa".
Según informa EFE, fuentes policiales han señalado que a los detenidos les atribuyen varios delitos, como daños en gasolineras y un incendio en las vías del AVE que el año pasado estuvo a punto de causar un descarrilamiento. También estragos y alteración del orden público, y que han sido trasladados a la comisaría de Lleida, a la espera de pasar a disposición judicial mañana o pasado mañana. La operación se ha llevado a cabo en secreto, y las actuaciones corresponden al juzgado de instrucción 4 de Lleida.
Los movimientos sociales catalanes, en el punto de mira de la Policía Nacional
Esta noticia llega después de hacerse público, durante la última semana, que la policía nacional había infiltrado a un agente, durante tres años, en movimientos sociales de Barcelona. Después de la publicación de la noticia, las críticas hacia estas prácticas no han tardado en llegar, y multitud de sectores sociales y políticos han criticado estas prácticas. Sin ir más lejos, el lunes de la semana pasada, los grupos de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP y el PDeCAT en el Congreso de los Diputados pidieron la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que diera explicaciones sobre este nuevo policía infiltrado. Al mismo tiempo, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, se dirigió a Marlaska a través de una carta para exigirle "respuestas urgentes". El viernes pasado, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sumó a la presión y también envió una carta al ministro para pedirle explicaciones y la depuración de responsabilidades.
Este martes, Marlaska se defendió ante las críticas y afirmó que estas prácticas policiales son "perfectamente legales" y que se llevan a cabo para "prevenir delitos". Según el ministro del Interior, las infiltraciones permiten "generar los datos y la información necesaria para garantizar la seguridad de todos". "Vivimos en una democracia no militante", dijo, y aquí "no se persiguen las ideologías o las ideas", sino "hechos". Según Marlaska, la actuación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía "siempre" se adecua a la legalidad y tiene como objetivo "garantizar el ejercicio de nuestros derechos y libertades y generar el espacio para que todo el mundo pueda decir lo que quiera y vivir como sea más feliz".