La tensión sigue creciendo entre el máximo órgano del poder judicial y el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las críticas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han abierto un nuevo capítulo este lunes. El ministro ha cargado contra el ente por no haber tomado medidas ante el juez Ricardo González, que pidió la absolución de los acusados en el caso de la Manada y que, según asegura tendría un "problema singular" conocido por "todo el mundo".
El CGPJ no ha tardado en reaccionar. En un comunicado, en el que evita hacer ninguna referencia directa a las palabras del ministro, el CGPJ pide "moderación, medida y prudencia" por parte de los responsables públicos para "evitar la utilización política de la justicia" y el cuestionamiento de los "jueces que integran el poder judicial y que trabajan para conseguir una justicia de calidad".
La Comisión Permanente del @PoderJudicialEs apela a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados. pic.twitter.com/77XDkgk5It
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) 30 de abril de 2018
De hecho, la tensión entre el gobierno español y el máximo órgano judicial ha ido a más desde el viernes pasado, el día siguiente a las multitudinarias manifestaciones por toda España en contra de la sentencia. En el consejo de ministros de aquel día, el ejecutivo central planteó revisar la tipificación de los delitos sexuales al Código Penal de 1995, además de pedir un informe a la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.
Aquella misma tarde, el presidente del CGPJ emitió un comunicado de respuesta en defensa del trabajo hecho por parte de los jueces del caso y donde ya advertía de las críticas contra la sentencia que se habían hecho desde la órbita política.
"Vías de reflexión prudente"
En el texto hecho público hoy, insisten en que la sentencia ha sido dictada "dentro del marco de garantías y de sumisión a la ley que recoge el Estado de derecho", pero abren la puerta a hacer algunos cambios ante la gran indignación social. "Parece evidente que los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos tienen que hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos por trabajar por una sociedad más igualitaria", defienden.
Sin embargo, también piden dirigir estos esfuerzos "por vías de reflexión prudente" y vuelven a hacer referencia a los "responsables públicos", como a encargados de velar por el respeto a estas vías.