Primera muestra de lealtad de Podemos al PSOE. Pese a las fuertes críticas, la ocurrencia de Pedro Sánchez en el primer día de campaña, anunciando un "decreto contra la República digital", ha salido adelante. Este miércoles finalmente se ha debatido su convalidación a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Y todos sus posibles aliados para la investidura, desde de Unidas Podemos y Compromís hasta el PNV y los partidos independentistas, han denunciado el mecanismo que habilita al Estado a cerrar páginas webs y redes sociales sin orden judicial amparándose en "amenazas al orden público". Casi todos ellos han votado en contra. Sin embargo, los de Pablo Iglesias, aunque han sido críticos, se han abstenido. La iniciativa ha salido adelante con los votos del PSOE, el PP y Cs.

Según remarcan fuentes de Unidas Podemos, la formación "ha propuesto una serie de cambios para que el real decreto cuente con mayores garantías judiciales y que se protejan libertades y derechos fundamentales". De la respuesta de la ministra de Economía en funciones, Nada Calviño, han entendido que "el gobierno toma nota de los cambios propuestos". Es por eso que, en la votación de este miércoles por la tarde, el grupo ha optado por la abstención. No era necesaria, porque con los anunciados por el PP ya bastaba para convalidarlo. El resto de potenciales socios de Pedro Sánchez ya habían anunciado su voto en contra.

En nombre de Esquerra Republicana, la diputada Montse Bassa ha instado al PSOE a retirarlo "no por un pacto con Esquerra, sino por los derechos y libertades de los españoles". La parlamentaria republicana lo ha tildado de "ley mordaza digital" y ha criticado que el decreto "degrada el sistema de libertades y lo acerca a China o Turquía". Ha asegurado que "con sus leyes llenarán las cárceles de disidentes al mismo ritmo que llenan las instituciones de fascistas". Ha avisado que "si hay que ir a los tribunales europeos para derogar este decreto, tengan claro que lo haremos". Ha emplazado al PSOE a salir de la "estrategia represiva" y lo aborden políticamente.

La portavoz de JxCat en Madrid, Laura Borràs, ha denunciado lo que considera un "golpe de estado digital". En su intervención ha sido especialmente crítica con las formas, modificando seis leyes y sin posibilidad de enmiendas, que hace "un flaco favor a la actividad parlamentaria y la democracia". También por el fondo, al permitir "cortar Internet por un concepto genérico de orden público. Borràs ha advertido que, si prospera, España "no tendrá nada que envidiar a otros regímenes autoritarios".

También han sido muy críticos los partidos nacionalistas vascos. El PNV ha lamentado que la modificación legislativa "no establece ningún procedimiento garantista", unas garantías que sí que ofrecen la ley de seguridad nacional y la ley de seguridad ciudadana. EH Bildu ha avisado de que se quiere "aplicar al independentismo", pero que sí tira adelante "recortará libertades a todo el Estado español". Compromís y Vox también han anunciado el voto en contra.

Moncloa lo defiende

La ministra Nadia Calviño ha insistido en que la iniciativa servirá para "garantizar de la mejor manera posible los derechos de los ciudadanos". Si bien la dirigente en funciones ha evitado toda referencia en Catalunya durante su intervención en la Diputación Permanente, el decreto fue anunciado por el mismo Pedro Sánchez como respuesta a las acciones de protesta contra la sentencia del proceso coordinadas por la plataforma Tsunami Democràtic. En el preámbulo del decreto, sin embargo, simplemente se habla de "recientes y graves acontecimientos ocurridos en parte del territorio español".

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