Plataforma per la Llengua ha pedido a los partidos políticos que asuman una serie de medidas en sus programas políticos para impulsar y proteger el catalán en la próxima legislatura que se definirá con los resultados de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Con motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados, reclaman a los partidos que incorporen catorce compromisos con la lengua catalana en sus programas electorales. Entre las propuestas de la entidad se encuentra la protección jurídica de la inmersión lingüística en la escuela catalana, el refuerzo del uso del catalán en el Congreso y el Senado o la extensión de la programación en catalán de RTVE a todos los territorios de habla catalana y no solo en Catalunya.
Según Plataforma per la Llengua, el Estado sigue menospreciando la lengua catalana, aprobando normativas y manteniendo estructuras que no garantizan el uso normal del catalán y, por ello, consideran que los partidos deben aprovechar la próxima legislatura para corregir estos déficits y situar el catalán a la altura del castellano desde las instituciones.
Protección de la inmersión lingüística
Con el despliegue de la campaña "Vota por la lengua", la entidad catalanista incorpora diversas propuestas políticas para que los partidos las adopten en sus programas durante la campaña. Entre ellas, reclaman a los partidos que se comprometan a blindar la escuela en catalán y reforzar los programas de aprendizaje de la lengua para los estudiantes recién llegados. La legislatura, consideran, debe servir para proteger los principales espacios de transmisión de la lengua, entre los que se encuentra la escuela. En este sentido, reclama una protección jurídica efectiva del modelo de escuela en catalán que impida nuevas injerencias judiciales y garantice tanto la enseñanza como el aprendizaje de la lengua propia del territorio. En el contexto escolar, la organización propone revisar el modelo de las políticas de acogida para que el catalán sea la lengua de referencia de los procesos de integración social de los inmigrantes que lleguen al país.
Por esta razón, también pide a los partidos políticos que integren en sus programas la demanda de que el conocimiento de la lengua catalana sea un requisito para obtener el permiso de residencia si se quiere vivir en los territorios donde se habla, con la demanda de varios niveles y de manera progresiva a su integración.
Más catalán en la justicia y las instituciones
También incluye entre las medidas propuestas que la administración del Estado español haga uso del catalán a la hora de relacionarse con los ciudadanos catalanohablantes de España. Por este motivo, reclama garantizar la capacitación lingüística de los empleados públicos estatales destinados a los territorios de habla catalana. Por otro lado, reclama que el catalán pueda continuar empleándose en el Congreso de los Diputados y que también se pueda hacer en el Senado y que, de igual manera, la lengua catalana se incorpore a la producción normativa del Estado. Por esta razón, quieren que los partidos incluyan en sus programas garantizar que webs, boletines, publicaciones y canales de atención de la administración estatal estén plenamente disponibles en catalán.
La entidad destaca la justicia como una de las principales instituciones del Estado donde la situación de la lengua es especialmente grave. Por eso, Plataforma per la Llengua reitera una reivindicación histórica: modificar la Ley orgánica del poder judicial para que el conocimiento del catalán sea un requisito para ejercer la judicatura en Catalunya, en el País Valencià y en las Illes Balears, y para que se garantice de manera efectiva el derecho de los ciudadanos a escoger lengua en los procedimientos judiciales. En cuanto a los medios de comunicación, la organización reclama hacer efectiva la reciprocidad audiovisual en todo el dominio lingüístico y facilitar el acceso a los canales de radio y televisión en catalán desde todos los territorios.
Informes de impacto lingüístico
También destaca la demanda de Plataforma per la Llengua de situar los efectos lingüísticos de las transformaciones urbanas y económicas en los programas con la exigencia de informes de impacto lingüístico. En este sentido, reclama que los proyectos urbanísticos o de desarrollo económico queden condicionados a la obtención de informes favorables de impacto lingüístico, de la misma manera que actualmente se tienen en cuenta criterios ambientales o patrimoniales. Según explican, este tipo de efectos ya se evalúan en Irlanda o en Gales, donde se han emitido informes de impacto lingüístico en, por ejemplo, la construcción de una nueva central nuclear.
El informe sobre la construcción de la planta en la isla de Ynys Môn, en Gales, advertía que la llegada de trabajadores de fuera de la isla podía alterar los equilibrios sociolingüísticos y planteaba la necesidad de adoptar medidas para mitigar sus efectos. En el caso de Catalunya, la entidad pone como ejemplo que se requieran este tipo de informes para aprobar proyectos como el del Hard Rock en el Tarragonès.