Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado de que el plan del Gobierno contra la desinformación "es una amenaza potencial" a la libertad de prensa. La entidad ha pedido al ejecutivo de Pedro Sánchez en un comunicado que concrete su plan contra la desinformación aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según la norma, el gobierno monitorará las redes sociales para encontrar noticias falsas y adoptará medidas de represalia cuando compruebe que tras una campaña de desinformación contra España se encuentra un país extranjero. Ante esto, la entidad ha asegurado al ejecutivo que no le corresponde decidir qué es desinformación y ha avisado que vigilará su implementación.
La entidad ha lamentado que la norma contempla la puesta en marcha de campañas de comunicación para contrarrestar maniobras de desinformación, pero deja en manos de una comisión formada por miembros del Gobierno, "con unas atribuciones que tampoco están claras", la decisión sobre lo que es y no es desinformación, "una prerrogativa que RSF condena tajantemente".
La organización hace años que denuncia en todo el mundo la amenaza de la libertad de prensa que supone la aprobación de legislaciones "con dos de las principales características presentes en el procedimiento que acaba de aprobar el gobierno de Pedro Sánchez", cómo son la ambigüedad y la imprecisión de las medidas, el ámbito de aplicación y actores involucrados, y también la potestad gubernamental de decidir qué es la desinformación.
Injerencias de otros países
Sin embargo, ha destacado que después de la avalancha de críticas que ha recibido la norma, el gobierno ha recalcado que el texto sólo está dirigido a las injerencias de países terceros, especialmente cuando afectan a la seguridad nacional y los procesos electorales. Pero la organización ha subrayado que estas amenazas sólo aparecen "de forma explícita" en uno de los niveles de actuación de la norma, por lo tanto "no se puede excluir que supuestas campañas de desinformación españolas se puedan ver afectadas".
La entidad ha remarcado también que el texto contempla la involucración en la lucha contra la desinformación en agentes de la sociedad civil como los medios de comunicación, plataformas digitales, sector académico y ONG, pero tampoco concreta de qué manera". Así, RSF ha considerado que no sólo las acciones contra injerencias de países terceros se tendrían que inscribir en el ámbito de seguridad nacional y no involucrar la Secretaría de Estado de Comunicación, sino que también echa de menos que en una iniciativa contra la desinformación no hayan sido consultados los actores de la sociedad civil antes de su redacción.
RSF ha pedido al Gobierno que "demuestre su compromiso con la transparencia", y lo ha desafiado a publicar datos sobre campañas de desinformación que haya detectado contra España. Así, a pesar del aval obtenido por la Comisión Europea, RSF ha considerado que la norma "sigue siendo imprecisa y potencialmente peligrosa" para libertades fundamentales como la de información y expresión.