El Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto un plan con todas las actuaciones posibles para intentar evitar que se celebre un referéndum sobre la independencia en Catalunya. Esa estrategia implica a varios ministerios e incluye medidas jurídicas y coercitivas, como precintar los colegios electorales, según han informado fuentes del Palau de la Moncloa.

Desde el Ejecutivo recalcan que la situación actual no es igual que la de noviembre de 2014 porque entonces, según explican, no podían impedir las urnas, dado que era un proceso consultivo que partía del asociacionismo catalán. De hecho, reconocen que prohibir las urnas habría sido desproporcionado.

Sin embargo, ahora se está promoviendo una ley de desconexión en el Parlament catalán y, por lo tanto, entienden que ese referéndum tiene una base jurídica ilegal que, según avanzan, será objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional. De momento, esa ley está oculta aunque Junts pel Sí y la CUP aseguran haberla pactado.

Controlar la Conselleria d'Ensenyament

Ante el supuesto de que se incumpla la resolución del TC, el Gobierno activará una serie de medidas coercitivas para evitar el referéndum. En esas actuaciones podría figurar por ejemplo precintar los colegios electorales o incluso hacerse con las riendas de la Conselleria d'Ensenyament para impedir el acceso a los mismos.

Fuentes de la Moncloa explican que se trata de una estrategia completa que abarca a varios ministerios (Presidencia, Interior y Educación, entre otros) y que contempla todos los procedimientos y diferentes escenarios para actuar, siempre de forma proporcionada y de acuerdo con la ley.

Sobre la posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución, el Gobierno sostiene que en su respuesta está contemplada en la Constitución en su conjunto. Por eso, las mismas fuentes subrayan que ese referéndum no se va a llevar a cabo.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó rotundo este miércoles, antes de abandonar el pleno del Congreso, que no se va a celebrar un referéndum "ilegal". Es más, ha criticado que haya dirigentes catalanes que quieran llevarlo a cabo "saltándose la ley" y que además lo digan públicamente. "No se puede celebrar un referéndum ilegal", ha abundado.

Todo previsto

Aunque finalmente la Generalitat decida adelantar el referéndum, como se ha insinuado estos días, desde la Moncloa insisten en que lo tienen todo previsto. A su entender, ese adelanto del calendario se debe a que buscan presentarse como "víctimas" para así poder ir a unas hipotéticas elecciones catalanas, presentadas otra vez como plebiscitarias, todo ello con el objetivo de lograr más votos.

Las fuentes consultadas admiten que el Gobierno de Mariano Rajoy está decepcionado y preocupado por la falta de gestos de las autoridades catalanas en estos meses. Sin embargo, no dan por cancelada la Operación Diálogo puesta en marcha en esta legislatura.

De hecho, la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, volverá este mismo viernes a Catalunya, en concreto al aeropuerto de El Prat para subrayar las inversiones realizadas por el Ejecutivo espanyol en esta gran infraestructura.

Eso sí, fuentes del Gobierno reiteran que, aunque esa Operación Diálogo sigue en marcha, si la Generalitat redobla su apuesta y activa el referéndum ilegal no harán caso omiso sino que ejecutarán su plan para evitarlo.

"No se hará, es ilegal"

El secretario de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha sido rotundo y tajante sobre que el referéndum era "ilegal" y no se llevaría a cabo.

De Castro ha hecho de portavoz de Santamaría tras la reunión con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tras la cual negó que existiera un plan minucioso sobre cómo actuar. Según afirma, la Abogacía del Estado siempre ha respondido supeditada a los pasos de la hoja de ruta de la Generalitat. "Se será proporcional a las medidas que tomen ellos. No se permitirá que se celebre el referéndum, pero no hay pasos premeditados porque todo dependerá de su avance", dijo.

Bermúdez de Castro ha indicado que se había trabajado en los 45 + 1 puntos de Puigdemont, pero éste no había querido escuchar. Off the record ha enseñado un mail a los periodistas donde habría tales documentos. Sobre ello, fuentes del Gobierno insinúan que el diálogo seguirá con la sociedad civil, si los líderes independentistas no quieren aparcar el derecho a decidir. "Que no haya foto no quiere decir que la vicepresidenta y yo no llamemos a menudo a gente de allí" remachó.

Curiosamente, el portavoz negó que el 9-N fuera un referéndum, sino una "consulta", aunque Homs, Rigau, Mas y Ortega están encausados ​​por el mismo.