El rey emérito Juan Carlos I tiene una estrategia para evitar la posible acusación de la Fiscalía del Tribunal Supremo por la comisión de un presunto delito fiscal, según asegura El Confidencial.
Los asesores del emérito están estudiando los límites del artículo 305 del Código Penal, que contempla la regularización fiscal voluntaria para evitar la apertura de un procedimiento penal antes de que le sea notificada ninguna investigación.
El citado medio apunta que este precepto del artículo 305 establece que "se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el ministerio fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes de que el ministerio fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.
Posible amparo
Este precepto del artículo 305 del Código Penal podría amparar al rey emérito, ya que no se tiene constancia de que haya recibido notificación de apertura de expediente de inspección tributaria. De esta manera, Juan Carlos I podría eludir cualquier responsabilidad fiscal.
La regularización implica confesión
Fuentes jurídicas reconocen que la regularización fiscal del emérito implicaría una "confesión en toda regla de la recepción de fondo y otros bienes, una forma de renuncia a la protección de la inviolabilidad, matiza El Confidencial.
Esta no sería la primera vez que se utiliza la regularización fiscal voluntaria para evitar un procedimiento legal; en el 2012, la familia Botín regularizó la herencia del padre y el abuelo, en parte depositada en Suiza, abonando a la Hacienda Pública 200 millones de euros.