La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pide a Manos Limpias una fianza en metálico de 20.000 euros para ejercer la acción popular contra Joan Manel Abril Campoy, el magistrado instructor en el TSJC de la causa contra el expresident de la Generalitat, Artur Mas, y otros exaltos cargos por la celebración de consulta del 9-N del 2014.
El alto tribunal impone esta fianza antes de tomar la decisión sobre si admite la querella de Manos Limpias contra el magistrado por prevaricación en la instrucción y apunta que la cantidad fijada tendrá que ser abonada en tres días para poder proseguir su tramitación del asunto.
El tribunal ha tomado esta decisión porque "algunos miembros del sindicato Manos Limpias están siendo investigados por delitos graves, entre otros, el de extorsión y el de pertenencia a organización criminal, los cuales habrían sido cometidos, precisamente, en relación a la actuación como acusación popular de la citada entidad, en procesos penales". Además, añade que la cuantía fijada en concepto de fianza "está a la altura de las responsabilidades" que requiere el sindicato.
La fijación de la fianza no se establece "simbólicamente", según se apunta en el acta, sino en relación a la naturaleza de los hechos perseguidos y al innegable interés público que existe para su persecución, respondiendo además a las exigencias de moderación y de facilitación de acceso a la jurisdicción que contempla la legislación reguladora de la acción popular.