El juez Juan Carlos Peinado, que investiga Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno español, ha aceptado que Manos Limpias vuelva a ser parte en el procedimiento con un nuevo letrado, una vez esta organización ha pagado la fianza correspondiente y a falta de que presente un poder a favor de la procuradora. El magistrado une a la causa el escrito en que Manos Limpias designa para su representación una procuradora y al letrado Antonio Lechuga Carreira y precisa que la organización de extrema derecha ha pagado el importe requerido para ser parte. Sin embargo, condiciona su personación a presentar una escritura de poder para pleitos o el correspondiente apoderamiento a favor de la procuradora. Así pues, Manos Limpias actuará junto al resto de acusaciones populares, unificadas bajo la dirección letrada de la también asociación de ultraderecha Hazte Oír.

Peinado excluyó a Manos Limpias de la causa por no haber pagado el importe para ser acusación popular

Peinado expulsó esta semana de la causa en la que investiga a Begoña Gómez a Manos Limpias después de comprobar que no había entregado el justificante del pago de la fianza que el instructor impuso para ser acusación popular a las partes que así figuran. De hecho, el pseudosindicato es una de las acusaciones populares en la causa que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, intrusismo y apropiación indebida. De hecho, el origen del litigio se sitúa en una denuncia de la organización ultra, liderada por Miguel Bernard, la cual fue presentada ante la justicia en abril de 2024. 

El juez tomó la decisión de excluir al sindicato el 24 de noviembre, el mismo día en que el abogado que representaba a Manos Limpias en la causa decidió renunciar vía burofax. Carlos Perales justificó su paso al lado al considerar que la organización le hizo un "encargo jurídico" inicial que era "de naturaleza estrictamente técnica", pero que, con el paso del tiempo, se ha ido "transformando" en un asunto "cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática". En este sentido, el abogado cree que "en buena parte", las decisiones sobre el proceso judicial responden "a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico". Por ello, el despacho remitió un escrito al Juzgado de Instrucción número 41, comunicando la "renuncia conjunta a la representación procesal y defensa" en la causa contra Gómez.