El economista Santiago Niño-Becerra ha advertido que cuando finalicen los peajes de las autopistas se disparará el uso de estas vías y eso previsiblemente llevará a su deterioro, porque no hay planes previstos.

"Qué bien: ¡se acaban los peajes! No es la primera vez que lo planteo. Finalizan los peajes, y el tráfico en estas vías se disparará, por lo que las congestiones se incrementarán y el deterioro será muy, muy superior. Y además desaparecen los ingresos que aportan a los ayuntamientos. ¿Se acaban los peajes, pero hay planes para estos aumentos de congestión? ¿Hay cálculos reales de los mucho mayores costes de mantenimiento? ¿Los hay para compensar a los municipios? En zonas de vías que no son de peaje, la B-20 y la A-2, por ejemplo, el estado del pavimento es horrible. ¿Pasará eso en estas vías que dejarán de ser de peaje? Con el tiempo, que no acabe pasando aquello de ¡qué bien cuando había peajes"!, ha indicado.

 

Niño Becerra

 

Los municipios catalanes dejarán de cobrar cerca de 14,4 millones de euros anuales de IBI una vez expire la concesión de la AP-7, el AP-2, la C-32 y la C-33 el 31 de agosto, de acuerdo con las cantidades que Abertis pagó en 2020, según ha podido saber la ACN. El fin de los peajes implicará que decenas de municipios por donde transcurren autopistas como la AP-7 entre la Jonquera y Tarragona y el tramo catalán de la AP-2 entre El Vendrell y Zaragoza dejen de percibir estos recursos. Aparte, algunos ayuntamientos también cobraban el IBI de las áreas de servicios. Algunos de los alcaldes han explicado a la ACN que perderán entre un 10 y un 20% del presupuesto municipal o ingresos importantes para servicios como el jardín de infancia y reclaman soluciones para evitar la sacudida.

Esta sin embargo no será la única consecuencia una vez expire la explotación de los peajes de la AP-7 y la AP-2, que pasarán a ser gestionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de la C-32 y la C-33, que dependen de la Generalitat. También está el debate pendiente de resolverse sobre cómo se mantendrán estas vías de alta capacidad y, pocos meses antes de que estas vías reviertan a las administraciones públicas, no se ha aprobado ningún modelo.

En las comarcas gerundenses, el fin de la concesión de la AP-7 supondrá que los 27 municipios por donde circula la autopista dejen de cobrar 3,75 millones de euros en concepto de IBI. Entre los más afectados, está Sant Julià de Ramis (Gironès), donde el año pasado estos ingresos fueron de 367.650,41 euros. Su alcalde, Marc Puigtió, asegura que desde un principio ya se previnieron, y en vez de destinarlo a gasto corriente decidieron ponerlo en inversiones. Pero también admite que esta cantidad supone el 10% del presupuesto.

El IBI que Abertis pagó el año pasado al Ayuntamiento de Bàscara (Alt Empordà) ascendió a 268.690,21 euros. El alcalde, Narcís Saurina, explica que esta cifra representa "un 20% del presupuesto municipal" y admite que la pérdida de estos ingresos deja las cuentas en una situación preocupante.