El Parlament ha acordado este jueves instar al Govern a poner en marcha, si es necesario negociando con la concesionaria, la gratuidad temporal o bien bonificaciones en el peaje de la C-32 durante el período de obras en la línea ferroviaria de Garraf. Esta medida se aplicaría a los desplazamientos habituales de los días laborables para los municipios afectados, aunque desde el Govern recuerdan que el coste diario de la gratuidad es de 600.000 euros y que por eso ya descartaron esta medida. La propuesta de Esquerra Republicana ha prosperado con el voto contrario del PSC y la abstención de los Comuns y la CUP. Además, la cámara ha aprobado por unanimidad la necesidad de revisar de manera inmediata el plan de transporte alternativo previsto para las líneas R2 Sud, R15 y R16. También se ha aprobado reclamar al Estado, Adif y Renfe que asuman la totalidad del coste de las medidas vinculadas a las obras, con la excepción de Vox, que se ha abstenido.
El diputado de ERC Carles Campuzano ha justificado la iniciativa asegurando que quiere dar respuesta al malestar de los usuarios, especialmente del Baix Penedès y el Garraf, en un contexto de problemas ferroviarios que ya venían de lejos y que ahora se han agravado. A pesar de reconocer el trabajo del Govern, ha criticado que el dispositivo alternativo no está suficientemente dimensionado, con autobuses saturados, retrasos ferroviarios e información poco clara.
El PSC defiende que el plan alternativo está funcionando
Desde el PSC-Units, Imma Ferret ha defendido que el plan alternativo está funcionando y que se revisa de forma continua con ayuntamientos y entidades para hacer ajustes. Los socialistas han remarcado que se está trabajando para garantizar la movilidad durante las obras con más autobuses y reorganización del servicio, y han rechazado la gratuidad del peaje porque, según datos citados, tendría un impacto muy limitado en el conjunto de usuarios. El PP, a través de Pere Lluís Huguet, ha celebrado los acuerdos con ERC y ha ampliado el foco para incluir también las afectaciones en Tarragona, especialmente en las líneas R15 y R16. Los populares han reclamado más plazas en los servicios Avant y compensaciones económicas para los afectados que tienen que desplazarse hasta el Camp de Tarragona. También han criticado la gestión estatal de las infraestructuras ferroviarias y han denunciado los retrasos en la conexión de alta velocidad en Tarragona y Reus.
Junts, representado por Montse Ortiz, ha señalado que el problema no son las obras en sí, sino su planificación y gestión. Han advertido que el sur del país es una de las zonas más perjudicadas por el colapso ferroviario, con trenes llenos, colas e incertidumbre constante para los usuarios del Garraf, el Penedès, Tarragona y las Terres de l’Ebre. Han votado a favor de la moción y han destacado especialmente la mejora de la información en tiempo real, clara y en catalán, así como la necesidad de un traspaso completo de Rodalies.
Vox ha calificado la iniciativa de “oportunista”, ya que considera que se ha presentado antes de comprobar la efectividad de las medidas en marcha. Aun así, ha apoyado la mayoría de los puntos, defendiendo la necesidad de mejorar la coordinación, la información y el dimensionamiento del servicio. También ha visto con buenos ojos el debate sobre la gratuidad o bonificación de la C-32. Los Comuns, con Lluís Mijoler, han coincidido en el diagnóstico de fondo y han remarcado que la situación de la R2 Sud es fruto de un deterioro acumulado del sistema ferroviario. Han valorado positivamente el refuerzo del transporte alternativo y las medidas de coordinación, pero se han abstenido en el punto del peaje porque consideran que la respuesta debe pasar por reforzar el transporte público y no por incentivar el uso de la autopista.
La CUP, con Dani Cornellà, ha hecho valer la presión de las plataformas de usuarios para mejorar el servicio de autobuses y ha insistido en que el Estado debe asumir todos los costes derivados de las obras. También ha advertido de posibles afectaciones graves en futuras actuaciones en los túneles del Garraf si no se replantea la planificación. Finalmente, el grupo mixto, con Rosa Maria Soberana (Aliança Catalana), ha centrado su intervención en criticar la falta de control de Catalunya sobre sus infraestructuras ferroviarias. Ha defendido que mientras las decisiones se tomen fuera del país, los problemas de servicio continuarán, y ha cuestionado la coherencia de ERC por formar parte del Govern mientras critica su gestión.