El Gobierno ha sobrepasado el ordenamiento jurídico para aplicar el artículo 155 de la Constitución contra el autogobierno catalán. Esta es la conclusión a la que ha llegado la mayoría del Parlament, que reunido este miércoles en Diputación Permanente -el órgano que vela por las funciones del Parlament entre periodos de sesiones- ha debatido y aprobado la interposición de un recurso al Tribunal Constitucional contra su aplicación. El recurso se ha tramitado con once votos a favor, siete en contra y una abstención.

Los grupos que han votado a favor —Junts pel Sí y CSQP— se han basado en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que considera desproporcionada la disolución del Parlament y el cese del Govern, por no respetar los principios de gradualidad y proporcionalidad. Los que lo han hecho en contra —Ciudadanos, el PSC y el PP— han argumentado que no había otra salida. La CUP se ha abstenido porque no reconoce autoridad del TC.

En nombre de Junts pel Sí, el presidente del grupo y diputado saliente, Lluís Corominas, ha denunciado que el requerimiento previo que hizo el Gobierno ya infringía la normativa, y que, por lo tanto, "todo lo que se hizo a partir de aquí tendría que ser nulo". Ha advertido que "se han puesto en crisis derechos fundamentales y todo el sistema institucional". Se ha referido a las polémicas declaraciones de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre "descabezar" a los líderes independentistas. "Aquellos que dicen que había una conjura para hacer no sé qué, la única conjura que ha habido es la del Gobierno del Estado para utilizar los organismos del Estado para encarcelar las ideas".

El otro grupo que ha dado apoyo, Catalunya Sí Que es Pot, ha reivindicado su "ni DUI ni 155", y ha pedido que "se suspenda de inmediato" su aplicación. Marta Ribas también ha recordado que fue el grupo de Unidos Podemos quien ya presentó un recurso de inconstitucionalidad. "El 155 permite dar instrucciones concretas, pero no disolver el Parlament y menos todavía cesar al gobierno", ha asegurado. Ha declarado que va contra el espíritu con el que fue redactado el artículo. "No tenemos Govern para hacer este recurso, que es quien debería estar haciéndolo", ha lamentado. Han aprobado el recurso por "responsabilidad política en nombre de todas las instituciones catalanas".

No había alternativa

En el otro lado, el principal partido unionista, Ciudadanos, ha cargado contra los grupos que lo han impulsado, porque "pretenden que se declare inconstitucional un artículo de la misma Constitución". Además, ha defendido Carlos Carrizosa, el 155 "se ha limitado a disolver el Parlament, cesar el Govern y convocar elecciones". No había alternativa, ha apuntado: "El señor Puigdemont pudo convocar elecciones hasta el último día, pero no lo hizo". A pesar de ello, ha aplaudido que acudiendo al Tribunal Constitucional los grupos independentistas "se sometan a la ley".

El socialista Miquel Iceta ha afirmado que no puede separarse la aplicación del 155 del contexto en el que se aplicó, después de una declaración de independencia. Desde el PSC no ven "cómo se hubiera podido parar de otra forma" este camino, ha sostenido. Como Ciudadanos, también ha valorado que implícitamente los independentistas acepten la legitimidad del TC cuando antes "la negaban". "Están aceptado las decisiones del TC, y es una buena forma de empezar esta legislatura", ha delcarado.

En la misma línea, el representante del PP en la Diputación Permanente, Alejandro Fernández, ha celebrado la iniciativa de interponer un recurso ante el Alto Tribunal español, porque "de forma implícita es un reconocimiento a su legitimidad". Fernández ha dicho que "el PP aceptará la decisión del TC respecto a este recurso, nos guste o no, porque es lo que hacemos los demócratas".

Ninguna legitimidad

Quien no le reconoce ningún tipo de legitimidad es la CUP. Es por eso que, a pesar de compartir los argumentos a favor de la interposición del recurso contra la aplicación del 155, su diputada Gabriela Serra ha optado por abstenerse. "Al Tribunal Constitucional no le reconocemos ninguna competencia ni autoridad", ha defendido. Ha calificado el 155 de "golpe de estado contra la institucionalidad catalana, contra un gobierno y contra unos cargos electos".