El independentismo no se rompe en la Mesa del Parlament. Los cuatro miembros de ERC, Junts y la CUP en el principal órgano de la cámara han mostrado unidad este martes ante el escrito presentado por la ultraderecha de Vox, y que pedía la suspensión de los diputados republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó después de que se les haya abierto juicio oral por los preparativos del referéndum del 1 de octubre. Así, y con la abstención del PSC, la Mesa ha considerado por mayoría que no se da el supuesto de hecho habilitante para aplicar el artículo 25.4 en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó con el caso de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Esta decisión de la Mesa no se puede reconsiderar.
Las diferencias entre Borràs y ERC
Fue el pasado viernes cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictó la apertura de juicio oral contra la exconsellera de Cultura Natàlia Garriga, así como Josep María Jové y Lluís Salvadó por presunta desobediencia durante los preparativos del 1-O. A los dos representantes de ERC también se los atribuían delitos de prevaricación y malversación, relacionados así con cuestiones de corrupción.
Es este hecho el que había generado malestar en el sector de Junts más próximo a Laura Borràs. La presidenta de la cámara fue precisamente suspendida por delitos asociados con la corrupción. "El reglamento del Parlament dirigía que se aplicaría el artículo 25.4 por casos de corrupción, y el delito de malversación se asocia", defendió ella misma en un video, a pesar de mostrar su solidaridad con los diputados republicanos. Así, Borràs confiaba que se aplicaría el artículo, pero anunciando que su partido votaría en contra. El entorno de la presidenta reprochaba que "lo que no puede pasar es que se anuncie la apertura de juicio y la Mesa no tome ninguna decisión", a pesar de que sean contrarios a suspender Jové y Salvadó. Finalmente, pero, el partido ha alegado que "no hay malversación" para descartar pedir a la Mesa que estudie una posible suspensión.
Por su parte, ERC subrayó lunes que no había comparación entre el caso de Laura Borràs y Jové y Salvadó. La dirección republicana afirmaba que no se sentían "interpelados" porque la normativa parlamentaria habla de corrupción. Marta Vilalta rebatió los argumentos: “Si Junts defiende que el 1-O es corrupción, lo tendrá que explicar. Quién lo crea habrá perdido el juicio”. Preguntada y repreguntada sobre si se los podría aplicar el artículo del reglamento que contempla la suspensión de funciones por los diputados procesados por corrupción, desde Esquerra Republicana son claros: “No nos sentimos interpelados por este artículo. No estamos ante un caso de corrupción, sino de personas acusadas por haber contribuido a poner las urnas". Finalmente, el posicionamiento de los tres grupos independentistas en la Mesa ha sido este.