El Parlament de Catalunya ha rechazado este jueves una moción del Partit Popular de Catalunya (PPC) que instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas. La iniciativa no ha prosperado por la negativa de los 68 diputados de PSC, ERC y Comuns, y la abstención de Junts per Catalunya, CUP y Aliança Catalana. Los juntaires, que presentaron el pasado martes una enmienda en la que pedían elecciones a una moción del PP en el Congreso de los Diputados, han defendido que esta decisión “no depende de la Cámara”. El punto central de la moción de los populares sostenía que la “sucesión ininterrumpida de escándalos, investigaciones judiciales e indicios de prácticas irregulares” vinculados al PSOE evidencian “el agotamiento político y moral de la legislatura” y reclamaba una convocatoria electoral inmediata para que la ciudadanía decida una nueva etapa política. El Parlament también ha rechazado instar al president de la Generalitat, Salvador Illa, a comparecer para aclarar todas las informaciones sobre la campaña del PSC en las elecciones catalanas de 2024.
Durante el debate, el portavoz del PPC, Juan Fernández, ha denunciado una “extrema preocupación” por la corrupción que, a su parecer, afecta al Partido Socialista y ha cargado contra los socios del Gobierno por mantenerle el apoyo. “No va de partidos, va de principios: la decencia pública”, ha afirmado, acusando a Pedro Sánchez de ser el “responsable máximo” de un “entramado político” que considera sistémico. Fernández también ha señalado al president de la Generalitat, Salvador Illa, como “delegación del sanchismo”. El popular ha interpelado directamente a Junts para que apoyara la moción y demostrara coherencia con sus críticas al PSOE. “Hoy no valen matices”, ha advertido, asegurando que cualquier otra posición equivale a “continuar sosteniendo un gobierno salpicado por la corrupción”.
Junts se abstiene y marca distancias con el PP
Junts per Catalunya ha optado finalmente por la abstención. El diputado Agustí Colomines ha rechazado tanto el planteamiento del PP como el marco del debate: "No somos de los suyos ni de los otros. Somos un partido catalán, independentista y dependemos de este pueblo". Según ha argumentado, la decisión de convocar elecciones generales "no depende del Parlament de Catalunya" y su formación seguirá su propia estrategia en Madrid. Colomines ha calificado la corrupción de "sistémica del régimen del 78" y ha recordado que el PP también ha sido protagonista. "Desconfiar de unos no quiere decir confiar en otros", ha remachado, insistiendo en que Junts no tiene como objetivo "derribar gobiernos", sino hacer cumplir los acuerdos de investidura.
Rechazo generalizado del resto de grupos
El resto de formaciones han votado mayoritariamente en contra de la moción. ERC ha criticado que el debate se debería hacer en el Congreso y no en el Parlament, y ha atribuido la corrupción a una problemática "endémica" del sistema español. Los republicanos han rechazado participar en lo que consideran una "campaña del PP". Desde los Comuns, David Cid ha reprochado a los populares su historial de casos de corrupción y ha acusado al PP de querer presentarse como solución. La CUP también ha desestimado la propuesta, considerando que la corrupción es "estructural" en el Estado español, mientras que Vox ha apoyado la iniciativa y ha cargado duramente contra el PSOE. Por su parte, el PSC ha defendido que se investiguen todos los casos, pero ha acusado al PP de no tener "autoridad moral" para liderar este debate, recordando su larga lista de escándalos.
El precedente en el Congreso
El debate en el Parlament llega después de lo que pasó el martes en el Congreso de los Diputados, donde la Mesa vetó dos enmiendas —una del PP y una de Junts— que también instaban a Pedro Sánchez a convocar elecciones. Según fuentes de la presidencia de la cámara baja, estas iniciativas invadían competencias exclusivas del presidente del Gobierno, recogidas en la Constitución. Aunque aquellas votaciones no habrían sido vinculantes, el movimiento evidenciaba la presión política creciente sobre el ejecutivo español en medio de las polémicas por presuntos casos de corrupción.