La Mesa del Parlament ha decidido aguantar el pulso por el escaño de Laura Borràs y ha acordado presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central en contra de la retirada de la credencial de la presidenta suspendida de la cámara. Con el aval de ERC, Junts y la CUP y el voto en contra del PSC, el órgano rector del hemiciclo responderá de esta manera a la resolución de la JEC del pasado 13 de abril, que otorgaba 10 días hábiles a la vicepresidenta primera en funciones de presidenta, Alba Vergés, para que aclarara qué acciones ha llevado y llevará a cabo sobre el acta de la también presidenta de Junts per Catalunya.

En este plazo, que se alarga hasta el 28 de abril, el órgano administrativo también abría la puerta a que tanto el Parlament como la persona implicada, Laura Borràs, puedan presentar alegaciones. De hecho, es un movimiento que el hemiciclo ya hizo en los casos del expresident Quim Torra y del exsecretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà. El acuerdo adoptado por la Mesa este martes insta a los servicios jurídicos de la cámara a preparar este escrito, que se tendrá que presentar antes de que se agote el periodo habilitado para hacerlo, y pivotará sobre dos ejes: la defensa de la soberanía del Parlament y el propio reglamento del hemiciclo, que contempla que no se retirará el acta de un diputado o diputada hasta que la sentencia sea firme.

Los partidos independentistas consideran que una entidad administrativa como la Junta Electoral Central no tendría que poder "interferir" o no "alterar" la composición de la cámara catalana. En este sentido, apuntan que "es la ciudadanía" quien escoge a los diputados y sostienen que se tiene que defender "la soberanía" de la segunda institución del país, en la línea de lo que ya se apuntó en las alegaciones presentadas en la JEC tanto en los casos de Torra como de Juvillà. El otro argumento que incluirá este informe será el amparo en el artículo 24 del reglamento del Parlament, que en el apartado e detalla que los diputados pierden esta condición "por la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme". El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condenó a Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación especial. Su defensa presentará recurso y será el Supremo quien tendrá que dictaminar la firmeza de esta sentencia o no.

El PSC se opone a presentar alegaciones

Durante la reunión de la Mesa en que se ha abordado el acuerdo de la Junta Electoral y del debate sobre la posibilidad de formular alegaciones, los socialistas se han opuesto porque consideran que ya hay dos sentencias del Tribunal Supremo que avalan que el órgano administrativo pueda ordenar la retirada del acta de un diputado condenado que todavía no tenga una sentencia firme, tal como pasó con Quim Torra y Pau Juvillà. En este sentido, pues, entienden que ya hay suficiente jurisprudencia que ratifica los acuerdos de la JEC y creen que este paso ya no es necesario porque "todos sabemos dónde lleva", ha indicado la portavoz del PSC, Alícia Romero, en una atención a los medios. En opinión del grupo liderado por Salvador Illa, lo que hace falta es "actuar con la máxima celeridad" para que haya una nueva presidencia en el Parlament y se ponga fin a la situación de interinidad.

El escrito que presente el Parlament de Catalunya tiene que recoger, sin embargo, cuáles son las "decisiones o resoluciones" que haya adoptado sobre el escaño de Laura Borràs. En este contexto, y a diferencia de Torra o Juvillà, la cámara tendrá que explicar que, desde finales de julio, la dirigente juntaire está suspendida de sus derechos y deberes como diputada y presidenta. Las alegaciones se pueden formular hasta el 28 de abril, plazo que también tendrá la defensa de Laura Borràs para hacer lo mismo si lo estima oportuno ante la JEC, y entonces el órgano tendrá que responder a estas. Si la JEC las desestima y ordena al Parlament que retire el acta a la presidenta suspendida, la cámara tendría, previsiblemente, 10 días hábiles para hacerlo, de manera que el debate sobre la presidencia del hemiciclo puede darse en plena campaña de las elecciones municipales 2023.