El Parlament ha aprobado este jueves una moción que exige la derogación "inmediata" del decreto ley del Gobierno que permite al Estado cerrar webs y redes sociales en caso de "amenazas al orden público". JxCat, ERC, CatECP y la CUP han votado a favor del texto, presentado por JxCat, mientras que Cs, el PSC-Units y el PPC han posicionado en contra. Los comunes han dado apoyo a la iniciativa aunque Unides Podem facilitó la tramitación al Congreso del decreto con su abstención.

El diputado de CatECP David Cid, sin embargo, ha puntualizado que no comparten el texto aprobado por el Congreso pero que pidieron que se tramite como proyecto de ley para poder enmendarlo, lo cual permitirá "control judicial en caso de suspensión de un servidor", "que no se puedan producir decisiones que impliquen un recorte de derechos fundamentales" y "que las comunidades autónomas tengan alguna cosa a decir".

La diputada de JxCat Gemma Geis, que ha presentado la moción, ha tachado el decreto de "155 digital aprobado por la puerta de atrás" y ha asegurado que vulnera competencias estatutarias. La iniciativa no sólo reclama la derogación de este decreto español, sino que expresa el apoyo del Parlament al Govern "a fin de que active todos los mecanismos legales y políticos que sean necesarios para la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía" y de las competencias de la Generalitat. También condena la vulneración de derechos y libertades que cree que supone el decreto del Gobierno.

El decreto, concebido para combatir la "república digital", introduce una novedad con respecto a la posibilidad del ejecutivo español de suspender la prestación de servicios digitales: delante de lo que el propio texto califica como "graves acontecimientos ocurridos aparte del territorio español", sin citar explícitamente Catalunya, introduce la posibilidad de cortar a los servicios de comunicaciones electrónicas privados. Además, abre la puerta a intervenir "infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, sus recursos asociados o cualquier elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional" y obliga a las administraciones públicas a tener sus servidores informáticos alojados en la Unión Europea.