El Parlament de Catalunya ha dado luz verde este miércoles a llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley para agilizar los procedimientos vinculados a la eutanasia. La iniciativa, que pretende evitar dilaciones en la resolución de los recursos, ha salido adelante con el apoyo de PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP y también Aliança Catalana, mientras que PPC y Vox han votado en contra después de presentar enmiendas a la totalidad. La reforma busca acelerar los trámites en casos en que las comisiones de garantía y evaluación ya han emitido resolución sobre la solicitud, especialmente para evitar situaciones como la de Noèlia Castillo, que tuvo que afrontar dos años de litigios antes de acceder a la muerte asistida.
Uno de los elementos destacados de la votación ha sido la ausencia del conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y del diputado socialista de Units per Avançar Guillem Mateo, que, a pesar de estar presentes en el hemiciclo, no han participado en la decisión final. Los dos representantes de Units per Avançar votaron en contra del primer trámite, mientras que este miércoles ha optado por no participar en la votación. En una publicación en las redes sociales, Espadaler justificó el voto de hace dos semanas con la tradición democristiana del partido y ha puesto el acento en la necesidad de reforzar los cuidados paliativos. "Como partido democristiano, siempre hemos sido muy refractarios a lo que representa la eutanasia y muy partidarios de cuidados paliativos o alternativas tan positivas que ha aprobado este Gobierno con nuestro apoyo parlamentario", poniendo de ejemplo la ley para los enfermos de la ELA.
Un debate marcado por la confrontación ideológica
Durante el debate, PPC y Vox han cargado contra la propuesta. La diputada popular Belén Pajares ha calificado la eutanasia de “suicidio asistido”, mientras que María Elisa García Fuster, de Vox, ha denunciado que se reduzcan recursos sanitarios mientras aumentan las listas de espera. Desde la bancada socialista, Sara Jaurrieta ha replicado acusándolos de defender un “derecho a la vida selectivo” y ha puesto de manifiesto la división interna en el voto socialista. Los grupos impulsores han defendido que la propuesta no modifica el derecho a la eutanasia, sino que facilita su aplicación. Desde Junts, se ha subrayado que se trata de evitar trabas innecesarias y se ha reivindicado que garantizar estos derechos es plenamente compatible con valores cristianos.
En la misma línea, el diputado de ERC Juli Fernández se ha comprometido a defender el texto en el Congreso, mientras que Núria Lozano, de los Comuns, ha denunciado la “crueldad burocrática” que supone alargar estos procesos. “Es despojar a la persona de su último espacio de libertad”, ha advertido. La CUP, por su parte, ha insistido en que el derecho a morir dignamente ya está reconocido y que el debate se centra ahora en su aplicación efectiva. Desde Aliança Catalana, Rosa Maria Subirana, ha remarcado que la propuesta “no promueve la muerte, sino la dignidad”. La iniciativa llega al Congreso después de que el Parlament aprobara el pasado 15 de abril tramitarla por lectura única, un mecanismo que acelera el proceso legislativo.