El Parlament ha remitido esta tarde el informe de respuesta a la Oficina d'Antifrau de Catalunya (OAC), después de que este órgano presentara a finales de octubre un informe a la cámara catalana donde señalaba que había detectado diez irregularidades en materia de contratación de personal. El texto, elaborado por el secretario general del Parlament, Albert Capelleras, admite que hay dos licencias de edad —de las 14 que cuestionaba Antifrau por haber sido concedidas y tramitadas después de que se suprimieran en enero de 2022— que podrían ser nulas de pleno derecho porque se solicitaron con varios meses de antelación. Se solicitó que se empezaran a prestar después del 1 de enero de 2022 y el informe del Parlament explicita que eso "contradecía la normativa aplicable" en tanto que el otorgamiento de la licencia "no podía tener una antelación superior a un mes a la fecha solicitada para el inicio del disfrute de la licencia".
De hecho, el texto del secretario general del Parlament recoge que "si se hubiera respetado esta antelación máxima, con las nuevas normas (y todavía más con la derogación de enero de 2022) la licencia no se habría podido conceder". Por eso, Capelleras expresa que "podrían ser nulas de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" y plantea —hecho que ha acordado la Mesa— hacer una revisión de oficio por acto nulo de pleno derecho. Eso se traduce en la solicitud de un dictamen vinculante y preceptivo de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. El efecto que podría tener sobre estas dos licencias en caso de que se declararan nulas —aunque ya están revocadas— sería, por ejemplo, que los trabajadores que se acogieron y que se han reincorporado al trabajo tendrían que trabajar presencialmente y no tener la opción de teletrabajar, como pasa ahora.
Con respecto a las otras 12 que apuntaba Antifrau, el Parlament sostiene que la tramitación y concesión de las 14 licencias "no parece que pudiera estar influida por la eventual supresión de esta figura en un futuro inmediato", pero reconoce que sí que "se podía saber que se preparaba la modificación de las normas que regulaban la licencia y las condiciones en unos términos menos beneficiosos para los trabajadores que las que se disfrutaban en aquel momento". Entonces, se pactó una fecha de efectos de la licencia posterior a la solicitada pero sin motivar "las necesidades del servicio" que justificaban el aplazamiento. En este punto, el informe admite que habría sido "conveniente" exponer las razones y por eso se abre un expediente informativo de estas 12 licencias que las aclare.
Las dos licencias por edad que podrían ser nulas no son las únicas que tendrá que revisar este órgano jurídico. El informe del Parlament y que ha validado la Mesa propone examinar las primas de jubilación y los premios de vinculación, dos gratificaciones que quedan suspendidas temporalmente hasta que la Comissió Jurídica Assessora se pronuncie sobre su potencial falta de blindaje legal. Antifrau sostiene que ninguno de los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlament (ERGI) las regulaba y el mismo texto del secretario general de la cámara reconoce que las referencias contenidas en los ERGI sobre estas primas son "insuficientes".
Revisión de las plazas ampliadas en los concursos de ujieres y letrados
En paralelo, la CJA también tendrá que pronunciarse sobre la ampliación de una plaza del concurso de letrados del 2006. El OAC manifestaba dudas sobre la cobertura legal de esta ampliación, dado que se produjo después de que se publicaran las notas de la segunda prueba del concurso cuando los ERGI contemplan que solo se puede hacer entre la fecha de la convocatoria del concurso y la del inicio de las pruebas. Aunque el secretario general del Parlament no cree que "proceda declarar la nulidad de pleno derecho", recomienda hacer una revisión de oficio. De hecho, no es la única ampliación del número de plazas de un concurso que la Comissió Jurídica tendrá que examinar: en uno para proveer 11 plazas de ujier del 2019, se hizo una ampliación de tres plazas más después de la cuarta prueba del concurso. La revisión solo se ajustaría a dos de estas tres plazas porque una no era estrictamente una plaza de ujier y la otra vacante no se produjo entre la fecha de la convocatoria y la fecha de inicio de las pruebas. Como en el anterior caso, el secretario general tampoco ve nulidad. Por eso, insta a una revisión de oficio de actos anulables, que no de nulidad de pleno derecho.
De esta manera, se atiende el criterio de Antifrau en cuatro casos, que exigía las revisiones de oficio en estas materias; mientras que se descarta hacerlo en otras irregularidades que señalaba este órgano, como son el caso de la provisión en el lugar de oyente de cuentas de 2015, los lugares de mando en la relación de puestos de trabajo del personal del Parlament que están pendientes de asignación de cuerpo o escala, la creación de lugares instrumentales en conexión con los procesos de estabilización del personal interino, la selección de interinos "de refuerzo" o el incremento del personal eventual. Sobre este último punto, Antifrau alertaba que el número de personal eventual del Parlament había pasado de una media de 16 en el periodo 2010-2020 a 116 en el 2022, hecho que se explicaba por el traspaso del personal asistente de los grupos parlamentarios hacia la Administración parlamentaria. El informe de la cámara considera que el reglamento habilita esta posibilidad porque recoge el derecho de los grupos parlamentarios a disponer de los recursos humanos y materiales para ejercer sus funciones.
Apertura de expediente informativo por el caso del hijo de la exsecretaria general del Parlament
Otra de las irregularidades donde ponía el foco Antifrau era en un posible conflicto de intereses por la contratación como ujier del hijo de la que fue secretaria general del Parlament, Esther Andreu (2015-2022). De hecho, esta polémica comportó la dimisión de Andreu en mayo de 2022. Para Antifrau, "la entonces secretaria general se encontraba en una clara situación de conflicto de interés real en su intervención en el proceso selectivo, el cual no se gestionó adecuadamente; concretando que en este caso concurría una causa de abstención a partir del parentesco de consanguinidad en primer grado con uno de los aspirantes". En opinión de Antifrau, la contratación del hijo de la exsecretaria general podría ser "nulo de pleno derecho". En este sentido, el informe del Parlament es meramente descriptivo y recuerda que el Departamento de Recursos Humanos de la cámara concluyó que "las carencias o defectos de procedimiento indicadas por la OAC no suponen infracciones del ordenamiento jurídico que puedan dar lugar al procedimiento de revisión de oficio, ya sea por nulidad o por anulabilidad". En todo caso, lo enmarcaban en el ámbito de las "irregularidades no invalidantes", por lo tanto, en "defectos en la tramitación del procedimiento que en ningún caso alteraban el resultado".
Para aclararlo, la Mesa, a instancias del informe del secretario general, ha abierto un "periodo de información" en relación con las incidencias detectadas en este procedimiento, "incluidas las circunstancias que se enmarcan en el conflicto de interés que el OAC considera que se produjo". Sin embargo, el informe recalca que Antifrau afirmó en junio de 2022 que "no se desprendía ningún dato que llevara a afirmar que se hubiera producido una influencia indebida por parte de la secretaria general o persona interpuesta en los resultados del procedimiento". "Una vez finalizada la información previa, se podrá valorar si hay que emprender o no algún tipo de actuación posterior", concluye.
La CUP pide una Mesa Ampliada para acabar de decidir sobre el informe a Antifrau
La Mesa se ha reunido esta mañana para aprobar todas estas medidas incorporadas en el informe y que suponen una "revisión del régimen interno para actualizar la administración parlamentaria". Junts, ERC y el PSC lo han avalado, mientras que el otro integrante de la Mesa, Carles Riera (CUP), se ha abstenido. En una rueda de prensa esta tarde, Riera ha manifestado que es "poco procedente" tener que validar o rechazar un informe de 140 páginas que han conocido esta mañana y que no han podido conocer con "detalle" hasta entonces. "El resto de la Mesa ha decidido continuar adelante y adoptar el informe, un hecho improcedente", ha denunciado Riera.
Los anticapitalistas reclaman que se convoque una Mesa Ampliada (donde pueden asistir a todos los grupos parlamentarios, independientemente de si tienen representación en la Mesa o no) para que tengan "la última palabra" sobre el informe. En paralelo, la CUP también ha pedido una reunión con Antifrau para señalarlas sus "inquietudes" sobre las irregularidades detectadas por el organismo. En algunos puntos, Riera ha votado favorablemente por recoger lo que Antifrau pedía, pero en otros ha votado en contra por ser "insuficiente y débil". Fuentes parlamentarias explican que la presidenta del Parlament, Anna Erra, y las vicepresidentas Alba Vergés y Assumpta Escarp se reunieron el lunes por la tarde con los presidentes de los grupos parlamentarios para exponerles las principales líneas del contenido del informe y también lo han hecho a lo largo de la mañana con el Consejo de Personal de la cámara.