Continúa el enfrentamiento entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y el presidente del País Valencià, Ximo Puig, por el Plan Hidrológico que afectará al río Tajo. Page ha solicitado una audiencia ante el Consejo de Estado después de que el gobierno valenciano presentara alegaciones delante el mismo organismo, que estudia el proyecto del real decreto elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), que no alargará el trasvase de agua del río Tajo al río Segura después de 2025, hecho que afectaría a los agricultores de Alicante, pero también de Murcia y Almería.

El Consejo de Estado tiene que analizar el proyecto, que el pasado noviembre se aprobó en el Consejo Nacional del Agua, antes de dar luz verde para su aprobación al Consejo de Ministros. Es en esta coyuntura que la el jefe del ejecutivo manchego se ha dirigido al máximo órgano consultivo del Gobierno con el fin de hacerle llegar su postura. A través de una carta, Page ha explicado que "la eventual modificación de las disposiciones contenidas" en el plan hidrológico de río Tajo afectaría a la comunidad autónoma que preside. En este sentido, Page ha alegado que "no se puede abusar más del Tajo" y que "la realidad del cambio climático obliga a cambiar las reglas de explotación" del trasvase del Tajo en el Segura. Asimismo, ha destacado que nunca se ha opuesto al hecho de que haya "derivaciones para el consumo humano" pero que "no es permisible que el río Tajo siga perdiendo agua en la cabecera para regar de forma artificial".

Un conflicto a cuatro meses de las elecciones autonómicas

Castilla-La Mancha celebró el pasado 29 de noviembre la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo en el Consejo Nacional del Agua, y en especial, el hecho de que tanto en el caso de este río, como en otras cuencas, se incorporen los caudales ecológicos a la planificación hidrológica y se les dé prioridad por encima del trasvase. En concreto, los caudales tendrán que ser, el año 2027, de 8,65 metros cúbicos por segundo al paso del río Tajo por Aranjuez, de 17,25 metros cúbicos por segundo en Toledo y de 18 metros cúbicos por segundo en Talavera de la Reina.

Sin embargo, desde el País Valencià aseguraron que habían pactado con la ministra Teresa Ribera, líder de Miteco, incluir en el proyecto "índices correctores" de los caudales ecológicos. Un mecanismo por el cual se establecía que, a partir del 2025, se evaluaría el estado de la cuenca con el fin de determinar si se aumentaba o no el caudal ecológico o si se podía destinar al trasvase. Estos índices se habían incorporado en una disposición adicional del decreto, que en la redacción final no aparece. Ximo Puig reclamó a Ribera, en declaraciones en Onda Cero, que "Lo que se acordó tiene que mantenerse" y que en caso de que el Gobierno quiera cambiar algo "tendría que hacerse en el Consejo Nacional del Agua". En este sentido, el presidente valenciano rehuyó cualquier tipo "de enfrentamiento territorial", pero a cuatro meses de las elecciones autonómicas, parece que será inevitable.

El que inicialmente era un conflicto entre el gobierno del País Valencià y el gobierno central, se ha transformado en una confrontación entre los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y el País Valencià, que comparte intereses con los gobiernos del PP de Andalucía y Murcia, ya que sus cultivos también se verían afectados por los recortes en el trasvase. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto del Tajo-Segura calcula que 132.000 hectáreas de cultivos en Alicante, Murcia y Almería se riegan con el agua del Tajo, y aseguran que los recortes en el trasvase tendrán consecuencias en la economía y en el empleo de la zona.