La prueba piloto del Govern para destinar agentes de los Mossos d’Esquadra de paisano en institutos ha encendido este martes las críticas de los grupos parlamentarios de la oposición, que reclaman explicaciones urgentes a las conselleres de Educación e Interior, Esther Niubó y Núria Parlon. A pesar del rechazo mayoritario, el PP se ha desmarcado y ha abierto la puerta a avalar la medida si cuenta con el consenso de la comunidad educativa.
Junts, Comuns y la CUP han cargado con dureza contra la iniciativa en las ruedas de prensa en el Parlament y han coincidido en exigir la retirada del plan, mientras ERC —socio de investidura— ya había pedido el viernes una “rectificación” y llevará la cuestión al pleno de la próxima semana. El portavoz de Junts, Salvador Vergés, ha situado la propuesta dentro de una “crisis de gestión” del Govern de Illa, especialmente en el ámbito educativo. Vergés ha anunciado que su grupo pedirá un debate específico sobre el modelo educativo ante también la huelga de un mes convocada por los sindicatos mayoritarios y comparecencias de las conselleres y de los agentes sociales del sector. “El curso debe acabar bien, tanto sí como no”, ha advertido, denunciando la falta de diálogo con los sindicatos. En este sentido, ha remachado que en los centros educativos “faltan más maestros y no Mossos”.
"Los policías en las comisarías y en la calle"
Desde los Comuns, el portavoz David Cid ha calificado la medida de “ocurrencia” y ha reclamado su retirada inmediata. Cid ha criticado que el Govern pretenda incorporar un agente policial al funcionamiento de los centros y ha acusado al ejecutivo de estigmatizar al personal educativo. “Los médicos en los hospitales, los policías en las comisarías y los maestros en las escuelas”, ha resumido, vinculando la iniciativa con la crisis abierta con los sindicatos.
La CUP ha ido un paso más allá y ha denunciado que se trata de una “medida muy grave” que afecta la convivencia escolar y los derechos de los alumnos. La presidenta del grupo, Pilar Castillejo, ha asegurado que el plan se ha impulsado sin consenso y ha alertado que supone una integración “estable” de los Mossos dentro de los centros, un modelo que —según ha dicho— no tiene precedentes en el Estado. Los anticapitalistas también han criticado la falta de transparencia del Govern y han advertido que podrían emprender acciones legales si no se retira la iniciativa. “Los conflictos en los centros se resuelven con educación”, ha defendido.
ERC ya había expresado el viernes su rechazo a la prueba piloto, que considera “poco afortunada y populista” y potencialmente discriminatoria por señalar determinados centros. Los republicanos apuestan por reforzar la convivencia con más recursos educativos y personal de apoyo, e insisten en la necesidad de consenso con la comunidad educativa.
El PP lo avala si se considera necesaria
En cambio, el PP catalán ha adoptado una posición más matizada. Su secretario general, Santi Rodríguez, definió el lunes la medida como “extrema” e indicativa del “fracaso” de las políticas educativas, pero aseguró que el partido no se opondrá si se considera necesaria y cuenta con el aval de la comunidad educativa. “Si hay acuerdo, no tendremos nada que decir”, afirmó.