Insólito. El juicio contra dos concejales del PSC de Pineda de Mar y el jefe de la policial local del municipio, acusados de la expulsión de agentes de la policía española de hoteles de su ciudad después de las cargas en los centros de votación el 1-O, se ha suspendido hoy por la mañana por una cuestión legal. Todos los policías si son acusados en ejercicio de su cargo tienen que ser juzgados en las audiencias provinciales y no en juzgados de lo penal. Cuando los tres acusados estaban sentados en la sala, el fiscal del servicio de delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, ha expuesto esta circunstancia, y la magistrada del juzgado de lo penal 2 de Arenys de Mar, Alicia Alcaraz, ha suspendido la vista, con el acuerdo de todas las partes. El cambio se ha producido porque el jefe de la policía local, Carles Santacreu, había sido suspendido del cuerpo policial por el Ayuntamiento de Pineda, que lo ha tenido que readmitir este año, y por eso su condición jurídica ha variado, según fuentes de la fiscalía, mientras su defensa sostiene que nunca ha perdido la condición de policia. Paralelamente, fuentes judiciales indican que uno de los motivos de fondo de la suspensión de hoy es que Santacreu no ha querido aceptar un acuerdo con el fiscal que sí que habrían propuesto los dos políticos: la entonces primera teniente de alcalde de Pineda de Mar, la socialista Carme Aragonès, y el segundo teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Jordi Masnou, que continúa en el consistorio, ahora como tercer teniente de alcalde.
Inicialmente, el fiscal del servicio de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, les pide tres años de prisión y de inhabilitación a cargo público en cada uno por un delito de coacciones al titular del hotel con la agravante de prevalencia de carácter público. El jefe policial, que tiene un expediente abierto por el gobierno municipal socialista, y defendido por el penalista Andreu van den Eynde, sostiene que no abrió la boca en aquella reunión en el hotel y que iba a acompañar a las concejalas, y por eso no quiere aceptar la sanción. Santacreu es jefe policial desde el 2008 y afirma que solo fue expedientado por el consistorio unas semanas. Los concejales socialistas son defendidos por el penalista Fermín Morales. Se da la circunstancia, a más que el TSJC, archivó la acusación contra una diputada de ERC que entonces, en el 2017, era concejala de ERC en Pineda al considerar que no actuó. La noche del 1-O bastantes ciudadanos se concentraron delante de los hoteles para gritar a los agentes ante la violencia que usaron para no dejarlos votar, y se vivieron momentos de mucha tensión, y agentes que querían salir a la calle.
Hechos
En su escrito de acusación, el fiscal Aguilar expone que la noche del 2 de octubre del 2017, Aragonès, Masnou y Santacreu –que no iba de uniforme, pero se presentó como jefe policial–, de "manera irregular, porque no habían pedido cita previa", fueron al hotel Checkin Montpalau y "conminaron" al director a "expulsar a los funcionarios de la policía". El director les indicó que no podía, ya que tenían la reserva hasta el 5 de octubre y, viendo su insistencia, llamó al gerente de la cadena para hablar con los políticos. Según el fiscal, el concejal de Urbanismo, "con tono desafiador", le ordenó "sacar a estos clientes sí o sí" y, en vista de la oposición del gerente, "a gritos y enfadado, le dijo que le cerraría el hotel durante cinco años". Finalmente, el gerente cedió e informó a la policía española de la amenaza. Una parte de los agentes se marcharon el 5 de octubre, como fijaba el contrato. La acción provocó, nuevamente, que agentes de la policía española, pidieran marcharse de Catalunya.
En el procedimiento, el fiscal pidió el archivo de la causa contra Sílvia Biosca –entonces tercera teniente de alcalde–, al considerar que no queda "bastante" acreditado en que cometiera un delito de falsedad en documento público por haber simulado un comunicado de prensa conjunto con la cadena.
Por otra parte, la entonces concejala de ERC a la oposición Mònica Palacín (ERC) también fue acusada porque fue al hotel con los concejales socialistas. Como fue elegida diputada en el Parlamento y tenía la condición de aforada, su caso fue derivado en el TSJC, que descartó que interviniera en los hechos y lo archivó. Ahora, la Audiencia de Barcelona tendrá que fijar una nueva fecha para el juicio, que seguramente será el próximo año, seis años después del 1-O del 2017.