Choque entre el Govern y el mundo municipal. Si la Zona de Bajas Emisiones ya provocó un choque entre la Generalitat y la Moncloa con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, varios municipios del Arco Metropolitano de Barcelona han denunciado este martes que el ejecutivo está trabajando en un decreto de bajas emisiones que sería homogéneo y sin tener en cuenta las particularidades del territorio. La alcaldesa de Sabadell y presidenta del colectivo, Marta Farrés, ha detallado que la Generalitat los lo ha trasladado en una reunión este lunes, un hecho que se ha recibido con sorpresa porque no se ha tenido en cuenta "la complejidad del país" ni la participación de los municipios. De la misma manera, dejaría en papel mojado la inversión en tiempo y dinero que los ayuntamientos han hecho en los últimos dos años para definir sus propias Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). "La postura de la ARC será de absoluto rechazo porque deja de lado el mundo local", ha asegurado.
Entre los denunciantes, hay los consistorios de Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú. Uno de los motivos que más ha hecho enfadar a los alcaldes es la uniformidad de condiciones que, dicen, plantea a la Generalitat. En este sentido, resaltan que los municipios de la segunda corona no disponen de una red de transporte público amplia como la de las ciudades más próximas a Barcelona. Farrés ha criticado que la propuesta del Govern "no tiene en cuenta la complejidad" y lo acusan de "restringiendo indiscriminadamente" el acceso de algunos vecinos a su domicilio, y le reprochan que lo haga en pleno contexto inflacionista.
Autorizaciones temporales y moratorias para los empadronados: la contrapropuesta de los municipios
Por este motivo, los consistorios han efectuado una contrapropuesta al ejecutivo y han acordado un modelo de aplicación de las ZBE que contemple exenciones y moratorias de carácter social para escalonar la entrada en vigor de las restricciones, previstas a partir del 2024. Proponen, por ejemplo, autorizaciones temporales y moratorias para los ciudadanos empadronados en la Zona de Bajas Emisiones en el momento de entrada en vigor de la normativa, que podrán acceder sin distintivo mientras mantengan la residencia. Al mismo tiempo, plantean excepciones para los conductores con bajos niveles de renta. También se prevén para los vehículos de trabajadores autónomos o asalariados a los cuales les falten como máximo cinco años para|por jubilarse, o los casos de vehículos que sean necesarios para una determinada actividad profesional.
Finalmente, proponen un trato especial para los vehículos dedicados al transporte de Personas con Movilidad Reducida o diagnosticadas de enfermedades que requieran tratamientos médicos. Aparte de las excepciones, los alcaldes de la ARC han enfatizado la necesidad de reforzar el transporte público en los municipios donde se restrinja el uso de vehículos privados. Por eso han reiterado la demanda de una zonificación tarifaria "coherente" con el uso creciente del transporte público, y una ampliación de la oferta. Además, también ha apuntado que si un ayuntamiento se quiere "descolgar" de los mínimos fijados hay un periodo transitorio para poder adaptarse a la normativa hasta el 2027.
El Goern lo niega y dice que son unos mínimos del plan de calidad del aire
La reacción de los ayuntamientos ha provocado la respuesta inmediata del Govern, que niega que esté trabajando en un decreto nuevo sobre bajas emisiones al margen de los municipios y expresa "sorpresa" por las quejas de algunos ayuntamientos, que atribuye a una "maniobra política". Así lo ha dicho la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Mireia Boya, que ha asegurado en declaraciones a la ACN que el que sí que hay sobre la mesa son unos mínimos comunes que tendrán que cumplir los municipios de más de 50.000 habitantes el próximo año para reducir las emisiones y cumplir con lo que marca la normativa estatal y europea. Boya afirma que los mínimos son fruto de un trabajo conjunto de los últimos tres años con los ayuntamientos catalanes de más de 50.000 habitantes.
"Sorpresa máxima que salgan ahora a criticar una cosa que hemos trabajado conjuntamente y ha seguido todos los pasos para su aprobación", ha indicado respecto del proceso que ha seguido el plan, que ha estado 45 días en periodo de exposición pública, durante el cual se han recogido alegaciones de entidades, empresas y también ayuntamientos. Alegaciones que, según ella, se han tenido en cuenta.
De acuerdo con el Govern, los municipios de más de 50.000 habitantes de todo Catalunya están "obligados" a crear las zonas de bajas emisiones a 1 de enero del 2024 y lo que hace el ejecutivo es "homogeneizar" los criterios. Las reglas del juego para las exenciones, por ejemplo, tienen que ser las mismas para facilitar que a los ciudadanos lo entiendan, puedan acceder y moverse de un municipio al otro sin tener dudas y que, al mismo tiempo, se garantice la calidad del aire. Concretamente, ha afirmado, se prevén unas exenciones que tienen tanto que ver con los residentes como con los trabajadores en áreas urbanas. Sea como sea, ha precisado Boya, los mínimos que se proponen no afectan en la práctica al caso de Barcelona, que ya tiene su ZBE, ni tampoco perjudica aquellas localidades que han estado o están trabajando en zonas propias, ya que si vuelan pueden ser más ambiciosas que los mínimos fijados. "Los mínimos son también para respetar el trabajo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, que se ha avanzado al resto", ha comentado.