El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha sentenciado que otra escuela tendrá que impartir en castellano, además de la asignatura de lengua castellana, "al menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular que, por su importancia en el conjunto del currículum y su carga lectiva, pueda ser considerada como principal".

La familia pedía un 25% de horas lectivas

La sentencia afecta a una línea de un centro de El Prat de Llobregat (el Baix Llobregat), a raíz del recurso que presentó la familia de un alumno, y el tribunal lo resuelve en el mismo sentido que ya ha hecho con otras escuelas, como recientemente con el Turó del Drac de Canet de Mar (el Maresme). Inicialmente, la familia pidió al tribunal que ordenara impartir en castellano al menos el 25% de las horas lectivas, lo que los jueces exponen que se contradice con la nueva normativa del Govern de la Generalitat sobre uso de lenguas en la enseñanza, que expresamente fija que no se podrán usar proporciones al determinar el idioma de la educación.

No obstante, el tribunal considera que "aunque no pueda utilizarse un parámetro porcentual como pedía inicialmente la parte recurrente", tiene que reconocerse su derecho a que el menor reciba educación en castellano mientras siga escolarizado en el sistema educativo catalán. El tribunal lo califica de "garantía mínima" y aclara que esta orden se extiende a los próximos cursos que el alumno siga en el sistema educativo catalán.

Simó denuncia la injerencia del TSJC

La consellera de Educació, Anna Simó, ha denunciado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha sentenciado contra "el sentido común de la pedagogía". "Esta vez forzando más horas de castellano a un grupo de clase de una escuela de El Prat de Llobregat", ha explicado Simó, quien ha avisado de que la Generalitat se defenderá ante las "injerencias". Asimismo, Simó ha recordado como el Parlament de Catalunya y el Govern han regulado sobre la enseñanza de las lenguas y la normativa. "La normativa deja muy claro que estas interpretaciones judiciales no tienen cabida", ha subrayado la consellera, quien ha denunciado que "vivimos en un país donde los jueces hacen de maestros, de pedagogos e incluso de consellers de Educació".