La nueva jueza del juzgado Penal 11 de Barcelona, Núria Brú Solé, ha desbloqueado la petición de amnistía de los cinco síndics electorales del 1-O, dos años después de que la pidieran sus defensas. Hasta ahora, el caso de los síndicos estaba bloqueado porque el anterior juez cuestionaba su competencia, y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la rechazó el noviembre pasado. El TSJC pedía al juez que aclarara cuándo Tània Verge obtuvo el aforamiento en el alto tribunal catalán, al asumir el acta de diputada de ERC, y que hiciera un informe de su imputación más detallado. Con solo mirar las fechas, se sabe que Verge fue consellera y diputada por ERC después de su participación como síndica del Referéndum de 2017. Gracias a la insistencia del abogado Ramon Setó, defensor de Tània Verge y Marc Marsal, ahora la jueza ha resuelto que “es competente” para asumir la causa. También ha preguntado ya a la Fiscalía si se les debe aplicar la ley de amnistía, aprobada el verano de 2024 por el Gobierno, a todos los hechos vinculados a la reclamación de la independencia de Catalunya.
En concreto, el abogado comunicó a la jueza de lo Penal 11 que Verge dejó de ser diputada en el Parlament de Catalunya con efectos del 1 de febrero pasado. En la providencia, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, este jueves, la jueza, en catalán, afirma: “En consecuencia, se consolida la competencia de esta sección para seguir conociendo del presente procedimiento” y añade: “Dese traslado al Ministerio Fiscal para que, en el plazo establecido, emita informe sobre la extinción de la responsabilidad penal por amnistía solicitada por todos los acusados”.
La Fiscalía no se opone a la amnistía
Los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O fueron juzgados y absueltos en abril de 2021 por una anterior magistrada en el Penal 11. La Audiencia de Barcelona hizo repetir el juicio, como pedía la Fiscalía, que les solicitaba dos años y nueve meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. La causa quedó encallada en este punto, a pesar de que la ley de amnistía está en vigor desde junio de 2024. Ni el juez de lo Penal ni el TSJC quisieron aplicarles.
La acción de la defensa de Verge y Marsal, también favorece a los otros tres síndicos: Josep Pagès, actual diputado por Junts en el Congreso, y Jordi Matas, defendidos por Gonzalo Boye e Isabel Elbal, y Marta Alsina, defendida por Benet Salellas. Todos los abogados pidieron que se les aplicara la ley del olvido penal de buen inicio, pero el entonces titular del juzgado no lo hizo y puso a debate su competencia.
Por su parte, la Fiscalía de Barcelona ha asegurado que “hace bastante tiempo” los síndicos del 1-O pidieron la amnistía, y que “no se opuso", pero que no se le había dado traslado para hacer un informe. Finalmente, ahora recibirán la petición de la jueza.