El diputado de ERC-Soberanistes en el Congreso, Joan Josep Nuet, ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que él no es jurista, sino político, y que por lo tanto durante la legislatura en el Parlament del 2015 en el 2017 tenía que hacer política", con cierto "margen" de interpretación de las leyes y la Constitución, pero sin "obviarlas". Según él, como secretario tercero de la Mesa, estuvo "dos años intentando impedir la independencia", aunque cree que el TC no había concretado exactamente qué iniciativas parlamentarias se tenían que detener. Por eso, cree que el Supremo no lo puede condenar a él igual que a los miembros independentistas del órgano, que sí que promovieron iniciativas anticonstitucionales.

En su último turno de palabra durante el juicio por desobediencia, que ha durado cerca de media hora y llevaba medio escrito, Nuet se ha comparado con un conductor de coche que atropella mortalmente y por accidente a un peatón que cruza un paso de peatones. Considera que no se lo puede considerar a un asesino. La analogía la ha hecho hablando de los miembros de la Mesa independentistas, que sí que habrían promovido iniciativas directamente contrarias a la Constitución.

El diputado se ha querido desmarcar claramente de los diputados independentistas y ha recordado que él hace 35 años que milita en el mismo partido, Comunistes de Catalunya, aunque la formación se ha presentado en varias coaliciones como ICV-EUiA, CSQP y ahora ERC-Sobiranistes. En este sentido, ha dicho que él no ha sido ni es independentista, que cree en un estado español federal y que quiere hacer una reforma profunda de la Constitución española, pero la respeta y la considera el "vértice superior" del ordenamiento jurídico del Estado.

 

Como miembro de la Mesa, ha explicado que intentó ser un "puente" entre independentistas y Cs y PSC, pero votó más a menudo con estos últimos, ha asegurado, recordando que fue un "calvario" esta posición intermedia. "Nos sentíamos como cascos azules, que son los que primero mueren en una guerra", ha dicho. "Queríamos aplicar la ley, pero la política es el arte de aplicar la ley en un determinado contexto, de forma flexible para que se cumpla, no se puede hacer de forma mecánica y robótica, eso lo hacen los jueces", ha añadido. Así, cree que la Constitución española se ha interpretado de forma diferente en sus más de 40 años de historia, y se seguirá haciendo así.

En todo caso, ha admitido que la dinámica de la Mesa estaba dominada por la tendencia de cada partido político, y que todos sus miembros estaban pendientes del "juego político" y no sólo de la constitucionalidad o no de las iniciativas parlamentarias. Por eso, cree que él tenía margen para proponer salidas diferentes a las propuestas por los independentistas y que después el Constitucional las revisara, pero no entendió que él tuviera que vetar antes de tiempo las propuestas de JxSí y la CUP. De hecho, ha recordado que David Pérez, miembro de la Mesa por el PSC, también se abstuvo, como él, en alguna de las propuestas, y no ha sido juzgado.

Las conclusiones finales

Antes de Nuet ha intervenido su abogado, Enrique Leiva, que ha defendido otra vez la inviolabilidad parlamentaria de su cliente, así como la superioridad jerárquica del TC por encima del Parlament. No obstante, cree que lo que se vivió en la cámara catalana aquellos dos años fue un conflicto político y que CSQP "intentó evitar con todas las fuerzas". De hecho, ha dicho que las pretensiones independentistas no se asociaban con violencia, y por eso el conflicto se podía recomponer a través de la política y las instituciones".

El problema, según él, es que los grupos independentistas no daban legitimidad al TC. Además, ha dicho que hasta entonces el alto tribunal español había dictaminado que las cámaras legislativas podían hablar de lo que quisieran siempre dentro de los límites constitucionales o proponiendo la reforma de la carta magna. Eso es lo que pretendió Nuet, ha dicho su letrado. Así, considera que el TC no actuó sobre un problema de constitucionalidad ya establecido, sino para adelantarse a posibles problemas de constitucionalidad futuros.

Leiva ha repasado la posición de Nuet en cada una de las iniciativas parlamentarias anuladas posteriormente por el TC, en algunas de las cuales se abstuvo igual que el PSC o incluso fueron aceptadas por el PP. Además, en todos los casos, ha dicho, ofreció alternativas constitucionales a las propuestas independentistas. Sí que ha remarcado que se opuso a todas las derivadas del pleno del 6 y 7 de septiembre del 2017 y a los plenos del octubre siguiente.

Por último, Leiva ha dicho que los testigos del juicio, dos exmiembros de la Mesa y dos letrados de la cámara, han interpretado las resoluciones del TC, cosa que Nuet también hizo.

La Fiscalía se mantiene firme en la inhabilitación

Por su parte, el fiscal Jaime Moreno ha afirmado que el TC es una "pieza clave del estado de derecho" y cree que desde la sentencia sobre la consulta del 9-N quedó claro que se trata de un órgano jurisdiccional, las resoluciones del cual son de obligado cumplimiento. Por eso, considera que ni Nuet ni el resto de miembros de la Mesa podían tener ninguna duda sobre el cumplimiento de las resoluciones y advertencias del TC. El fiscal ha afirmado que los parlamentarios no tenían que debatir o cuestionar la constitucionalidad o no de las iniciativas, sino simplemente cumplir las órdenes del alto tribunal.

De hecho, ha dicho que el juicio no es por haber debatido sobre iniciativas independentistas, sino que el Parlament no puede debatir sobre temas anticonstitucionales, como la pena de muerte o la demolición de un edificio ilegal ordenada por algún órgano judicial.

"No fue un buen augurio el inicio de la legislatura", con la resolución que declaraba el inicio del procés independentista y la desobediencia al TC, y después siguió con una "contumaz y reiterada desobediencia". Pero los avisos del TC eran lo bastante claros, según el fiscal: "Sólo le faltaba decir 'ya está bien'". De hecho, ha elogiado la "paciencia y el mérito" del tribunal con las continuadas advertencias a los miembros de la Mesa, que "una vez y otra les daban igual". También ha recordado que los letrados de la cámara hicieron una decena de informes jurídicos y advertencias y notas verbales y escritas.

La Fiscalía pide 16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa, pero ha dicho que la pena tendría que ser mayor. En todo caso, no lo ha elevado más porque el resto de miembros soberanistas de la Mesa fueron condenados a 20 meses de inhabilitación y desobedecieron todavía más veces que Nuet.

Por su parte, la abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha asegurado que Nuet "estaba incumpliendo (las órdenes del TC) y lo sabía". Tenemos todos los elementos que apuntan a que lo sabía, se tenía cabal y perfecto conocimiento de que se estaba incumpliendo: lo sabía el letrado mayor, el secretario general del Parlament, los miembros de la Mesa Espejo-Saavedra y Pérez y lo sabía el señor Nuet, que aun así votó a favor de la admisión a trámite", ha indicado.

Durante su informe final, la abogada ha considerado que ha quedado probado el delito de desobediencia, por lo que pide 16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa al acusado. Ha asegurado que "no hay ninguna duda de la intencionalidad de la actuación de Nuet", porque era "consciente" del incumplimiento y ha dicho que no intentó evitar o impedir en ningún momento que las resoluciones se admitieran a trámite. Además, ha recordado que las advertencias del TC eran un mandato "expreso, concreto, terminante e inteligible" sobre el cual "no podía existir ninguna duda".

Así, se ha referido al testimonio de los exmiembros de la Mesa José María Espejo-Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC) —que en las dos declaraciones han expuesto cómo actuaron para tratar de impedir la tramitación— y ha constatado que Nuet no hizo lo mismo. Concretamente, ha reprochado a Nuet que argumentara no ser "especialista", pero después no pidiera ningún informe jurídico a los letrados ni atendiera a los que ya había".

También ha recordado que Pérez y Espejo-Saavedra presentaron varias peticiones de reconsideración, a diferencia de Nuet. Ha reconocido que al final Nuet votó a favor de una petición de reconsideración, pero ha lamentado que su actuación "quedara allí". "Eso dista mucho de impedir la tramitación", ha resumido.

Además, ha dicho que se lo acusa por su actuación "personal" como miembro de la Mesa y no como miembro del grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, de manera que, a su parecer, el sentido del voto de su grupo parlamentario en estas cuestiones en el pleno no tiene ninguna relevancia.

La abogada del Estado ha desestimado el argumento de Nuet según el cual intentó hasta el final "volver constitucional aquello inconstitucional" y ha afirmado que "eso no es lo que le pedía el TC". Ha remarcado que el tribunal ordenaba "evitar o impedir" que estas resoluciones salieran adelante y ha calificado "inexplicable e inverosímil" que Nuet interpretara que eso quería decir "transformar o cambiar".