El Gobierno ya ha empezado las reuniones con los grupos parlamentarios de cara a los presupuestos del Estado. Los encuentros los ha encabezado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Pero por no haber, ni siquiera hay acuerdo todavía entre los dos socios de La Moncloa para cerrar unas cuentas públicas. El principal obstáculo, según admiten varias voces de Unidas Podemos, es la reforma fiscal a que se comprometieron en la investidura, y que los socialistas siguen queriendo aplazar para más adelante.
Lo ha dicho la misma vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha explicado que todavía están lejos del acuerdo. "Estamos negociando, estamos distantes, necesitamos más tiempo", ha admitido la también ministra de Trabajo. Sin embargo, se ha mostrado "segura de que habrá acuerdo". Ha situado el principal obstáculo en la reforma fiscal, que es "clave". Desde el espacio de Unidas Podemos reclaman que se establezca un impuesto de sociedades mínimo del 15%, así como subir el IRPF a las rentas más altas. Díaz ha advertido en este sentido que "nadie entendería que España no diera el paso adelante" cuando los países del OCDE han pactado este mínimo. También reclamarán avances en la regulación de los alquileres. Sin ir más lejos, lo pactaron para los presupuestos ahora hace un año y todavía no ha llegado la ley de vivienda.
En los mismos términos se ha expresado, en las últimas horas, Ione Belarra. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos ha asegurado en una entrevista en TVE que todavía están alejadas las posiciones. Belarra ha defendido que es "imprescindible" que los presupuestos del 2022 contemplen una "reforma fiscal justa" y ha defendido que no hay que esperar para hacerlo a la propuesta de reforma tributaria que haga el grupo de expertos que lo está estudiando.
En cambio, desde el socio mayoritario siguen echando balones fuera. Lo ha hecho el mismo presidente Pedro Sánchez durante su viaje exprés a Nueva York para la asamblea general de la ONU. Preguntado por la reforma fiscal que reclama el socio pequeño, el dirigente socialista se ha limitado a "garantizar que los presupuestos se presentarán en tiempo y forma" y que tendrán como objetivo "una recuperación justa". Pero no ha querido entrar en los reclamos de los morados, aunque se le ha repetido la pregunta.
Línea roja indepe
Si el primer obstáculo será el acuerdo entre los dos socios del Gobierno, el segundo lo tendrán en los posibles aliados parlamentarios, especialmente en los partidos independentistas. Ayer fue ERC quien se reunió con el ministro Félix Bolaños y hoy ha sido el turno de Junts per Catalunya y el PDeCAT. Las tres formaciones han puesto como condición para negociar que el ejecutivo central rectifique su anteproyecto de ley audiovisual general y que incluya cuotas de protección para el catalán, el euskera y el gallego. La portavoz de JxCat, Míriam Nogueras, ha hablado claro esta tarde en la sala de prensa del Congreso: "Si la futura ley sigue excluyendo el catalán, Junts no negociará con el Gobierno".
Veto del PP y Ciudadanos
Después de la primera semana de ronda de contactos con los grupos, ha comparecido Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que ha asegurado que el balance ha sido "positivo" en términos generales. "Nos hemos encontrado buena disposición para hablar, negociar y pactar con carácter general", ha insistido. Sin embargo, ha admitido, se han encontrado "dos excepciones": ni el PP ni Ciudadanos han mostrado ningún tipo de disposición.