El Gobierno ha tomado la decisión de impugnar las propuestas de resolución aprobadas este jueves en el Parlament de Catalunya sobre la Guardia Civil, la amnistía y la desobediencia en el marco del debate de política general.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha afirmado que suponen un "ataque a la convivencia entre catalanes" y ha avisado de que su gobierno "no está dispuesto a consentir ningún ataque al Estado ni a la Constitución".

El Gobierno ha rechazado las afirmaciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha acusado al Estado de querer criminalizar a los independentistas y ha elogiado la operación "discreta" de la Guardia Civil. Celaá también ha querido recordar que la Constitución es, si es necesario, la herramienta para defender el sistema delante de los que lo quieren vulnerar.

La portavoz del Ejecutivo ha dejado claro que el Gobierno no va a cejar en su propuesta de "diálogo" para solucionar un problema que, ha dicho, "concierne a todos y puede tragarse a una generación de españoles y catalanes en el bucle de constante división".

"No se ha vulnerado la ley ni perjudicado el interés general"

Sin embargo, cree que ahora no se dan las "circunstancias" para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya porque no se han vulnerado leyes y no se ha perjudicado "gravemente el interés general", ya que lo aprobado ayer en el Parlament de Catalunya no eran leyes, sino "proposiciones no de ley", "resoluciones que no están en la ley". "No son las leyes de desconexión aprobadas en la Cámara catalana de septiembre de 2017", según ha precisado Celaá.

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