Pocas horas después que el vicepresidente de la Generalitat y presidente de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), Jordi Puigneró, ha vuelto a criticar la gratuidad de Rodalies hasta finales de año asegurando que se trata de una "medida populista" que dejará en la ATM "un agujero de 50 millones de euros", el Gobierno se ha apresurado a señalar que esta información es "falsa". "El Gobierno trabaja para que la bonificación a los usuarios no afecte al equilibrio financiero del ATM", y así quedará reflejado al Real Decreto Ley", han afirmado fuentes de la Moncloa este mismo miércoles por la tarde.
"El Gobierno es consciente de la necesaria estabilidad financiera de los consorcios de transportes", han añadido las mismas fuentes, que han apuntado que desde el 2014, "el Estado aporta anualmente 109 millones de euros a la ATM, cifra que durante la pandemia se incrementó con 40 millones más". Además, han asegurado que la futura Ley de Movilidad Sostenible "corrige la situación actual para garantizar la justicia y la sostenibilidad de los sistemas de transporte público". Esta garantía ha llegado después de que Puigneró hubiera señalado este miércoles por la mañana que "el gratis de hoy son recortes del mañana", en una intervención durante la sesión de control al Govern en el pleno de Parlament que ha arrancado este miércoles.
200 millones menos para Renfe
De hecho, el mismo Puigneró ha avisado de que con esta gratuidad, Renfe dejará de ingresar 200 millones de euros, y ha propuesto abandonar esta medida para dedicar los 200 millones a mejoras en el servicio. Por eso, ha desglosado lo qué se podría hacer con esta cifra, como comprar 25 trenes de Rodalies, construir el túnel de Montcada para acortar 10 minutos el trayecto de la R4 entre Manresa y Barcelona o recuperar el servicio Euromed en l'Aldea. Por todo ello, una vez más ha pedido al gobierno del Estado que traspase Rodalies a la Generalitat y lo ha instado a dejar de hacer "inventos" con Rodalies.
Además, Puigneró ya criticó la gratuidad de los abonos el mismo día que lo anunció Pedro Sánchez, cuando el vicepresidente compareció de forma extraordinaria para valorar las medidas y avisó de que la gratuidad de los abonos ponía en "riesgo de colapso" el sistema de financiación del transporte público, y criticó que la medida "no soluciona los principales problemas" de los ciudadanos a causa de la inflación, ya que el precio del transporte público se ha mantenido inalterado en los últimos años. Además, también consideró la medida de populista e irresponsable y puso en duda cómo el gobierno español pueda financiar el transporte público.