El Gobierno ya ha salido en defensa de su reforma del Código Penal y de la decisión que ha tomado el juez Pablo Llarena sobre Carles Puigdemont. Isabel Rodríguez, portavoz del ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, ha señalado que la decisión de Llarena de exonerar al president en el exilio de los desórdenes públicos agravados (la reformulación del delito de sedición) pero mantener su persecución por malversación y desobediencia demuestra que el referéndum del 1-O "sigue teniendo condena". "Se concluye que aquellos hechos siguen teniendo reproche penal", ha dicho, además de instar a Carles Puigdemont y al resto de líderes independentistas exiliados a "responder ante la justicia española".
Rodríguez ha insistido en que en la reforma del Código Penal, que ha entrado en vigor este jueves, siguen existiendo "herramientas" para perseguir al independentismo en caso de que celebre consultas como las de octubre de 2017. "El objetivo era armonizar" con la tipificación de delitos que hay en otros países de la Unión Europea, ha insistido la portavoz del Gobierno en declaraciones ante la prensa. Preguntada por cuál sería "la herramienta" que utilizaría ahora La Moncloa en caso de que el independentismo volviera a hacer como hace cinco años, la también ministra de Política Territorial ha insistido que la estrategia de su ejecutivo ha sido siempre la del "diálogo" y la "palabra". "La Catalunya de hoy no es la misma que la de 2017", ha insistido, además de añadir que "el ordenamiento jurídico tiene elementos suficientes para evitar hechos como aquellos".
Marlaska pide respetar la derogación de la sedición a Puigdemont
También se ha pronunciado sobre esta cuestión el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que este jueves ha salido en defensa de la decisión del juez Pablo Llarena de derogar la acusación de sedición al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sin sustituirla por la de desórdenes públicos agravados. "Tenemos que respetar las resoluciones judiciales", ha afirmado cuando llegaba a unas jornadas sobre seguridad vial que ha inaugurado en el Congreso de los Diputados, además de limitarse a decir que "las resoluciones judiciales se tienen que cumplir en sus términos".
Por otra parte, la ministra de Transportes, la catalana Raquel Sànchez, ha reiterado que la reforma del Código Penal promovida por el ejecutivo de PSOE y Podemos y que ha entrado en vigor este jueves "no supone establecer menos garantías o despenalizar". Asimismo, también ha querido aplaudir el trabajo hecho por el gobierno presidido por Pedro Sánchez, en relación con su estrategia hacia Catalunya: "Ha contribuido en positivo para restaurar la convivencia".
Clara Ponsatí y Marta Rovira pueden volver al Estado
Una de las partes más destacadas de la decisión de Llarena es que ahora Clara Ponsatí y Marta Rovira pasan a estar procesadas solo por el delito de desobediencia, hecho por el cual no se puede ordenar su detención internacional ni nacional, ya que el castigo no es de prisión, sino de inhabilitación a cargo público. Por lo tanto, a partir de este jueves, Ponsatí y Rovira pueden volver al Estado español. En la resolución, el juez ordena su detención, pero "solo a efectos de tomarles declaración".